La masacre de ocho menores en un bombardeo militar contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento del Caquetá, causa conmoción en el país.

El caso, ocultado durante dos meses por las autoridades y revelado por un senador, le costó el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero.

La denuncia la hizo Roy Barreras, senador del Partido de la Unidad Nacional, durante un debate de moción de censura contra Botero. A él lo acusó de ocultar a los colombianos que en una operación militar en septiembre pasado murieron niños presuntamente reclutados por disidencias de las FARC.

Tan grave es la acusación que el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al ministro “una respuesta seria a los colombianos sobre esta denuncia”.

“La Fiscalía debe iniciar una investigación para determinar si el Ejército lanzó un ataque a pesar de que podía haber previsto que muertes de civiles serían excesivas”, dijo Vivanco en Twitter.

En respuesta a las acusaciones y previo a su renuncia, Botero aseguró que “todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘Proceso militar de toma de decisiones’”.

Esa figura, detalló, se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008 “por mandato de la política integral de DD.HH. y del Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa”, por lo que calificó la denuncia del congresista como “tergiversada” y “especulativa”.

Bombardeo a gran escala
El 30 de agosto, el presidente Iván Duque afirmó que en una operación militar a gran escala murieron nueve disidentes de las FARC, entre ellos un cabecilla de esa organización conocido con el alias de “Gildardo Cucho”.

A comienzos de septiembre el Ejército elevó a 14 el número de muertos en la operación que se realizó en la vereda (aldea) Candilejas, en el municipio de San Vicente del Caguán.

No obstante, el senador Barreras denunció el martes que el Gobierno ocultó que siete de los muertos eran menores: Ángela Gaitán, de 12 años; Sandra Vargas, de 16; Diana Medina, de 16; José Rojas, de 15; Jhon Pinzón, de 17; Wílmer Castro, de 17, y Abimiler Morales, de 17.

La Fiscalía subió ahora a ocho la cifra de menores muertos, pero no reveló las identidades, y aseguró que aún hay dos cuerpos más sin identificar.

El ministro Botero presentó su renuncia el pasado miércoles, un día después de que se le hiciera un debate en el Senado por una moción de censura presentada en su contra por los fallos de su política de seguridad y defensa.

Previo a su renuncia, el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, aseguró que “no hay ninguna justificación para que hubiesen muerto ocho menores de edad en esa operación y mucho menos no hay ninguna justificación para que esa información se hubiese ocultado más de dos meses”.

El presidente Duque criticó ayer el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales que los usan como “escudos humanos”, en referencia a los ocho niños que murieron en un bombardeo contra disidencias de las FARC, pero no lamentó la matanza ni su ocultamiento al país. (I)