La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) declaró este miércoles que el proceso de paz para Colombia no debe convertirse en un "proceso judicial" y afirmó que ningún rebelde debe ir a la cárcel por haberse alzado en armas.

"Creemos que un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición, también creemos que no puede convertirse en un proceso judicial" en que el Estado actúe "como juez y parte", dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por el comandante Walter Mendoza, uno de sus delegados en las negociaciones con el gobierno colombiano en Cuba, que buscan acabar un conflicto armado interno de medio siglo.

En este orden de ideas reiteramos que ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia y mucho menos concepciones de justicia transicional que de él se deriven, puntualizó Mendoza.

Explicó que en La Habana no se van a intercambiar impunidades porque no es comparable el terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión.

Ningún guerrillero -advirtió- está dispuesto a pagar cárcel por ejercer dicho derecho; además, si a algo se debe referir el concepto justicia, es al establecimiento de la justicia social y reparadora, de otro modo, sería impensable la paz. Lo mínimo para alcanzar la reconciliación es que se proceda con los cambios estructurales que acaben con la miseria, la desigualdad y la falta de democracia, argumentó el insurgente.

Las negociaciones, iniciadas en noviembre de 2012, se han visto complicadas por desacuerdos entre ambas partes sobre justicia ante los crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo del prolongado conflicto armado, el último en América, que ha dejado unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

También se han visto complicadas por un recrudecimiento de las hostilidades en Colombia, que ha dejado en las últimas dos semanas unos 45 guerrilleros y una quincena de militares muertos, pero ambas partes han ratificado su voluntad de seguir negociando.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos impulsa un proyecto de "justicia transicional", que es rechazado por las FARC, que afirma que sólo busca castigar a los guerrilleros, en circunstancias de que el Estado es el principal responsable por la violencia armada.

"Nunca daremos un voto de confianza al sistema judicial colombiano ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas, porque no hemos venido a La Habana a someternos", dijo Mendoza.

El domingo, en una entrevista con el periódico colombiano El Tiempo, el comandante Pastor Alape, miembro de la cúpula de las FARC y uno de sus cinco "plenipotenciarios" en las negociaciones de La Habana, declaró que la guerrilla no descartaba algún tipo de reclusión, bajo ciertas condiciones.

El gobierno y las FARC anunciaron el viernes pasado que habían iniciado un proyecto piloto de desminado en Colombia, calificado por Alape como un "gesto esperanzador" para el proceso de paz.

Esta fue la primera iniciativa conjunta después de que recrudecieran las hostilidades en Colombia, lo que llevó a las FARC a suspender una tregua unilateral en vigor desde diciembre, que había permitido reducir los combates y las bajas en ambos bandos. (I)