La justicia argentina frenó este martes el aumento de la tarifa de gas para las pequeñas y medianas empresas en otra complicación más para el gobierno de Mauricio Macri en su intento por establecer un nuevo cuadro tarifario para los servicios públicos.

El fallo, del juez federal de la provincia de Córdoba (centro) Miguel Vaca Narvaja, tiene aplicación en todo el territorio y retrotrae las tarifas al 31 de marzo pasado cuando el gobierno impulsó subas entre 200% y 2.000%.

Una catarata de amparos de consumidores llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que en agosto suspendió su aplicación para los consumidores de gas residenciales al aducir que el gobierno se había saltado el paso legal de celebrar audiencias públicas.

En la audiencia, con cientos de expositores en tres días de trabajo, el gobierno propuso un cuadro tarifario de actualización semestral con alzas de 200% promedio para los consumos residenciales.

"Reconocemos que hay casos de las Pymes que tenemos que reformular. Lo vamos a analizar", dijo el ministro de Energía, Juan José Aranguren al término de la maratónica audiencia pública cuyo resultado no es vinculante para el gobierno.

La Corte Suprema había dejado fuera de su pronunciamiento a la industria, los comercios y las pequeñas y medianas empresas. Para éstas últimas el gobierno había morigerado las subas con un tope del 500%.

A partir del fallo del juez de Córdoba se abre un plazo de tres días hábiles para que las partes afectadas presenten apelación que deje en suspenso la medida en un camino judicial que puede llegar nuevamente hasta la Corte Suprema.

El fallo de Vaca Narvaja ordena además la refacturación en base a los valores vigentes en marzo último y "mantenerlas hasta el 27 de diciembre de 2016".

"Es una resolución que hace lugar a una cautelar solicitada por la asamblea de Pymes en base al peligro para las pymes con respecto al aumento que podría afectar de manera importante la producción", explicó el juez al canal TN.

El ajuste, anunciado en abril pasado, también alcanzó al transporte y al servicio de agua en un contexto de alta inflación que ronda el 40% anual y la economía hundida en recesión.

El gobierno ha hecho del ajuste una cuestión de Estado al suprimir subsidios en pos de recortar el déficit fiscal, que ronda el 7% del Producto Interno Bruto, igual que en 2015.

El nuevo fallo obliga al gobierno a abordar una reformulación integral del cuadro tarifario para frenar las presentaciones judiciales que cuestionan la aplicación de los aumentos.

El ente regulador Enargas debe presentar la semana próxima un informe sobre la audiencia pública, aunque se espera que recién en un mes se conozca el dictamen definitivo. (I)