Juan Carlos Fábrega se ha convertido en un hombre clave para la economía argentina. Es un hombre pragmático, de bajo perfil y poco común. Su pliego de designación como presidente del Banco Central, la máxima autoridad monetaria argentina, fue aprobado en el Senado el 4 de diciembre pasado por 56 votos a favor y una sola abstención.

Su antecesora en el cargo, Mercedes Marcó del Pont, había logrado pasar la barrera de la Cámara alta del Parlamento por un solo voto. Ningún legislador votó en contra de Fábrega. Hasta la oposición más acérrima al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó su nominación en un momento complejo para las finanzas del país sudamericano.

Fábrega tiene 65 años y pasó 45 de ellos trabajando en el estatal Banco de la Nación, al que llegó a presidir. No posee título universitario, algo inusual en la política argentina. Pero ello no le impidió hacer carrera en el mundo financiero y al mismo tiempo convertirse en un hombre respetado por sus pares y elogiado hasta por voceros de la oposición. La presidenta incluso confía en él por algo más que su trayectoria: era amigo de la infancia de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Pero no todas son flores: la opositora revista Noticias, del grupo editorial Perfil, le endilga haber sido el encargado de “cuidar y ordenar los números” del empresario Lázaro Báez, señalado por la oposición como “testaferro” del matrimonio Kirchner. Además, afirma que el hermano de Fábrega, Rubén Cleofas, integra una lista de deudores del Banco Central con 32 cheques sin fondos rechazados por un total de 412.676 pesos (unos 51.000 dólares al cambio oficial, 35.000 dólares en el mercado negro).

Hoy, lejos de los micrófonos, Fábrega impulsa varias de las medidas que el gobierno “kirchnerista” lleva adelante para sortear la escalada cambiaria y dar pelea a la inflación.

Desde su asunción hace apenas tres meses, Fábrega ha logrado convencer al ministro de Economía, el joven Axel Kicillof, de impulsar una de las medidas más resistidas en el seno del ejecutivo: una devaluación de la moneda que en enero arañó el 20 por ciento. El dólar pasó de 6,87 a 8,02 pesos en solo dos días en medio de una disparada de la cotización paralela, el llamado “dólar blue” que llegó a venderse a más de 12 pesos. “Se devaluó para ganar competitividad”, dijo el expresidente del Banco Central, Mario Blejer.

La devaluación provocó una psicosis motorizada en sectores financieros y en cierto sector de la prensa. El mercado sufrió un terremoto y los analistas vaticinaban más devaluación, con una alza desmesurada del billete estadounidense y una mayor sangría de las reservas internacionales. Fábrega aumentó entonces las tasas de interés para quitar presión al dólar y obligó a los bancos a reducir sus posiciones en divisas. Hoy cotiza a 7,97 pesos en el mercado oficial y a 11,65 en el paralelo. El dólar, cuya venta para ahorro se autorizó tras dos años de “cepo”, dejó de ser tema de conversación. Y se frenó la pérdida diaria de las reservas del Tesoro, hoy apenas por encima de los 27.000 millones de dólares (casi la mitad de hace dos años).

Ahora, los cañones apuntan a la inflación. La devaluación provocó una corrida de precios evidente. Durante años el gobierno reconoció un índice anual del 10 por ciento cuando las mediciones privadas marcaban una inflación del 25 por ciento. El ejecutivo presentó este mes un nuevo modo de medición y los economistas vaticinan para este año una inflación del 30 por ciento.

La presidenta ha denunciado campañas de desestabilización con aumentos desmedidos de precios por parte de grandes empresas. Por ello decidió profundizar su programa de “precios cuidados” en el que 194 productos son ofrecidos a montos menores.

El gobierno busca frenar la escalada de precios para evitar un mayor deterioro en el poder adquisitivo, en especial de los sectores más postergados, y al mismo tiempo poner un techo sostenible en los aumentos salariales de este año en el marco de las paritarias (negociaciones de gremios y patronales). La primera paritaria en iniciar la ronda de tratativas fue la del gremio docente que pidió 61 por ciento de recomposición. El gobierno a su vez ofreció 22 por ciento. De esa manera busca fijar un techo para el resto de las paritarias.

Para Mario Blejer, en esta carrera entre salarios y precios, “si los sueldos aumentan por debajo de la inflación habrá un costo social pero se reducirá el déficit” que golpea a la economía nacional.

Por el contrario, “si los salarios suben más rápido que la inflación, la situación será complicada y causará una recesión más profunda”, indicó.

Pero Fábrega también logró convencer a Kicillof y a la presidenta de avanzar en otros dos puntos que hasta hace poco el gobierno consideraba fuera de toda discusión: el fin de los subsidios a las tarifas eléctricas de los sectores de clase alta y media, y la normalización en los vínculos con el poder financiero internacional. Kicillof ya dio los primeros pasos para renegociar la deuda en default con el Club de París por unos 9.600 millones de dólares y dejó de lado su combativa posición de no pagarle un peso a la española Repsol por la nacionalización de la petrolera YPF.

Argentina pagará unos 5.000 millones de dólares en bonos a Repsol para dejar atrás el diferendo según un acuerdo alcanzado el martes pasado. En tanto, lucha en los tribunales de Nueva York contra los “fondos buitres” que rechazaron ingresar en el canje de deuda en cesación de pagos.

“Sin acceso a los mercados internacionales, si el gasto es mayor que el ingreso de algún lado van a salir esos recursos y si salen del Banco Central genera inflación”, manifestó Blejer.

Y añadió: si no se hacen ajustes, “el costo que la economía deberá pagar será peor. Es posible hacer un aterrizaje suave si se toman medidas ordenadas. Si la devaluación es exitosa y la inflación se apacigua, con tasas de cambio más altas y más competitividad, entrarían más dólares. Si tenemos éxito con el Club de París y Repsol, vamos a tener más inversión externa y acceso a mercados de capitales”, concluyó.