El expresidente salvadoreño Francisco Flores, acusado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, acudirá hoy a la audiencia preliminar de su caso, de no ocurrir un nuevo contratiempo.

Esta es la tercera fecha establecida para la cita donde se dictaminará si es llevado a juicio o no, pues la primera, prevista para el 31 de agosto pasado, fue suspendida para finalizar la investigación financiera con el fin de localizar cuentas bancarias donde pudo depositar de forma irregular dinero proveniente de donativos de Taiwán.

La segunda, pospuesta para el 3 de noviembre, fue detenida a causa de una intervención quirúrgica urgente que le debían realizar por pólipos en la vesícula biliar.

Sin embargo, el juez del caso, Miguel Ángel García, consideró que existían incongruencias en su diagnóstico y ordenó reprogramar la audiencia para esta jornada.

Lo cierto es que este caso, lleno de entuertos, simboliza la corrupción del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), durante sus dos décadas de gobierno, y del cual Flores aún es miembro honorario, de acuerdo con organizaciones sociales, personalidades y colectivos académicos,

El exmandatario (1999-2004) está acusado por malversar 15,3 millones de dólares donados por Taiwán para atender la emergencia ocasionada por los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001.

El propio Flores admitió el 7 de enero de 2014, ante una comisión especial de la Asamblea legislativa, que recibió cheques a su nombre enviados por Taiwán y que no los depositó en las arcas del Estado.

A fines de 2013 el entonces presidente, Mauricio Funes, hizo público un reporte del Departamento de Tesorería de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, de Estados Unidos.

Dicho reporte refleja que Taiwán emitió tres cheques desde su banco de Nueva York al banco Cuscatlán de Costa Rica, de ahí pasaron a la Florida y luego a las Bahamas.

De acuerdo con las pesquisas, algunos millones de dólares fueron canalizados hacia Arena, pues el Centro de Estudios Políticos "Rodríguez Porth", creado por miembros del partido, abrió en octubre de 2003 una cuenta en el Banco Cuscatlán, adonde llegaron los fondos en cuestión.

El proceso contra Flores ha sido largo, lleno de tropiezos e incertidumbres, pues desde su confesión en enero de 2014, ante los diputados, no fue hasta el 30 de abril de ese año que llegó a los tribunales.

En ese trayecto Flores se dio a la fuga y fue necesario emitir una orden de búsqueda y captura por la Policía Nacional Civil y una difusión roja por la Interpol.

Inesperadamente y luego de cuatro meses prófugo de la justicia, el 5 de septiembre de ese año se presentó al juzgado Primero de Instrucción de San Salvador y luego de notificarse las acusaciones, el cuestionado juez Levis Italmir Orellana, determinó enviarlo a prisión domiciliar.

La medida generó gran rechazo y fue trasladado a las bartolinas de la División Antinarcóticos de San Salvador, pero poco después el juez lo remitió nuevamente a su casa bajo arresto, por una supuesta trombosis.

Ante la presión popular, el juez Orellana fue separado del caso y en su lugar asumió Miguel Ángel García Argüello, quien reinició la búsqueda de pruebas sobre los movimientos del dinero que se le cuestionan a Flores.

Otro de los pasos criticados en este proceso es el del fiscal general de la república, Luis Martínez, quien, según los querellantes y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, omitió aspectos esenciales.

Tanto los litigantes como Morales, consideran que existen suficientes elementos para acusarlo por el delito de lavado de dinero.

La querella ha denunciado que durante el proceso se ha ocultado información relevante como los informes periciales de Barbados, los cuales llegaron ante el Juzgado en un paquete abierto y con páginas faltantes.

Para la comisión especial de la Asamblea Legislativa, que investigó sobre los fondos entregados por Taiwán, dichas donaciones ascendieron a más de 70 millones de dólares que nunca fueron registrados por ningún ente estatal, ni llegaron a la población a la cual iban dirigidas.

En la audiencia de este día, Flores conocerá si pasa a juicio y también si el delito de lavado de dinero se incluirá en la acusación en su contra.

Por peculado y lavado de dinero y de ser hallado culpable, Flores podría ser sancionado con una pena de 15 años por cada delito.

La población salvadoreña está a la expectativa de lo que pueda suceder en el primer proceso por corrupción contra un expresidente y se espera que cientos de personas se reúnan en los alrededores del juzgado para exigir que se le aplique todo el peso de la ley. (I)