Para ellas es la hora de la verdad. La hora de revelar, contar y denunciar. Son exguerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decididas a relatar la verdad más cruda al interior de la ahora exguerrilla colombiana convertida en grupo político tras los acuerdos de paz en Colombia. 

Para eso fundaron la Corporación Rosa Blanca, una organización integrada por mujeres y niñas que obligadas se vistieron de camuflado, botas y portaron armas con el brazalete de las FARC en zonas del país.

Esta asociación promete llevar sus casos ante tribunales de Estados Unidos y la Corte Penal Internacional.

“Éramos las esclavas sexuales de los comandantes, el primer violador que tuve fue ‘El Abuelo’, que mandaba en mi campamento. Era el que probaba a las recién llegadas”, contó Yamile Noscué, quien desconoce el paradero de su abusador, pero si sigue vivo la Rosa Blanca lo va a encontrar, aseguró.

Las denuncias ante los tribunales internacionales incluirán delitos sexuales cometidos por los actores.

Lorena Murcia, presidenta de la Corporación Rosa Blanca, dijo al diario El Espectador que todos los abusadores estarán incluidos, desde paramilitares hasta guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“No puedo decir específicamente cuándo vamos a presentar las denuncias porque ahora convocamos a la ciudadanía para que nos apoye con recursos”, indicó Murcia al diario colombiano.

La organización tiene detallados los abusos, los nombres, las fechas y las edades en un archivo, afirmó.

A mediados de marzo pusieron en marcha una comisión de investigación.

Desde entonces comenzaron por hacer pública una lista de “los veinticinco mayores reclutadores, violadores y abortistas de las FARC”.

Entre ellos figuran los senadores del partido Fuerza Alternativa del Común (FARC), Pablo Catatumbo, Julián Gallo Cubillos, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, y Judith Simanca, alias “Victoria Sandino”.

Así como su máximo líder Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, y José Lisandro Lascarro, alias “Pastor Alape”.

Yamile, que ingresó a las FARC a los 15 años, perdió la cuenta de las veces que la violaron. Igual que Lorena, que al poco tiempo de alistarse, con 10 años, fue abusada por su comandante. “Después fueron otros”, indicó.

Precisamente la forma de juzgar esos casos es uno de los puntos de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que   objetó el presidente Iván Duque. Enviarlos a la justicia ordinaria, en lugar de la JEP, por no considerarlos acciones relacionadas con el conflicto armado, es la propuesta del mandatario y de la Rosa Blanca. 

Las cámaras legislativas deberán debatir la alternativa, aunque todo indica que por la posición minoritaria del bloque aliado del Gobierno no logrará aprobarla. (I)