Washington.-

Paul Manafort, exjefe de campaña del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su exsocio comercial, Rick Gates, se entregaron ayer al FBI tras ser acusados de “conspiración contra Estados Unidos” y otros once cargos en el marco de la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del país de 2016.

Según el escrito de acusación, se acusa a Manafort y Gates de “conspiración para lavar dinero” y de realizar “declaraciones falsas y engañosas”. Los cargos fueron aprobados por un gran jurado federal el pasado viernes dentro de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller -fiscal especial del caso desde mayo- sobre la supuesta injerencia rusa en los comicios de 2016 y los posibles contactos entre Moscú y el equipo de Trump.

Sin embargo, la acusación del gran jurado federal de 31 páginas no hace referencia a la campaña presidencial de Donald Trump y tampoco sugiere complicidad alguna entre el equipo del candidato republicano y las autoridades rusas para distorsionar el resultado de la votación.

Después de entregarse, Manafort y Gates comparecieron en una breve audiencia judicial ante la jueza Deborah A. Robinson, de la Corte del Distrito de Columbia y, a través de sus abogados, se declararon no culpables de los 12 cargos que se les imputan.

La magistrada decretó que ambos permanezcan en arresto domiciliario, con una fianza de $ 10 millones para Manafort si infringe las condiciones de su reclusión. Se le retiró el pasaporte y solo podrá salir de su vivienda para comparecer ante la corte, reunirse con su abogado y acudir a citas médicas o a actividades religiosas. La fianza para Gates es de $ 5 millones.

Las investigaciones

Manafort, nombrado jefe de la campaña electoral de Trump en junio de 2016, fue apartado del cargo en agosto cuando emergieron sus lazos con Ucrania.

Los investigadores señalan que Manafort y Gates no declararon sus actividades como ‘lobistas’ y consultores, al menos entre 2006 y 2015, del Gobierno de Ucrania, del Partido de las Regiones (cuyo líder -el prorruso Víktor Yanukóvich- fue el presidente de Ucrania entre 2010 y 2014) y del Bloque Opositor (formación heredera de la anterior).

La acusación dice que los dos generaron decenas de millones de dólares como resultado de estos trabajos. Para ocultar los pagos de los políticos ucranianos a las autoridades estadounidenses, Manafort y Gates lavaron dinero a través de compañías estadounidenses y extranjeras.

En total más de $ 75 millones habrían pasado a través de varias cuentas en el extranjero administradas por los dos hombres, siendo acusado Paul Manafort de haber lavado $ 18 millones.  

Tras conocerse la acusación, Donald Trump mencionó a través de Twitter que los hechos por los que se acusa a Manafort datan de “años atrás”, de antes de que formara parte de su campaña. Además se  preguntó por qué no se pone el foco en las irregularidades que, según él, cometió su rival demócrata en las elecciones de 2016, Hillary Clinton. “...¡Además, No hay colusión!”, indicó en otro tuit.

Otra denuncia

Paralelamente, George Papadopoulos, asesor de política exterior de la campaña de Trump, admitió haber sostenido reuniones con funcionarios rusos que ofrecían información “sucia” sobre la candidata demócrata Hillary Clinton, y se declaró culpable de haber mentido al respecto a agentes del FBI.

Las evidencias indican que Papadopoulos buscó poner en contacto a altos dirigentes de la campaña de Trump -incluyendo a Manafort- con ciudadanos rusos que afirmaban tener abundante información comprometedora sobre Hillary Clinton.

Además, Papadopoulos reconoció que mintió al FBI sobre las gestiones que realizó para tratar de organizar reuniones entre miembros de la campaña de Trump y funcionarios del Kremlin, incluso con el presidente ruso, Vladimir Putin. (I)

DATOS

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos informaron en octubre de 2016 -un mes antes de la elección- que Rusia habría pirateado y difundido correos electrónicos de asesores de la candidata demócrata Hillary Clinton con el fin de desacreditarla.

Antes de entregar el poder, Barack Obama anunció sanciones contra Moscú y la expulsión de 35 diplomáticos rusos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y las agencias de inteligencia investigan el caso, en paralelo a comités de la Cámara de Representantes y del Senado.

El asesor de seguridad de Trump, Michael Flynn, renunció el 13 de febrero, tras mentirle al vicepresidente Mike Pence sobre reuniones con el embajador ruso en Washington, Serguei Kisliak. James Comey también fue despedido de la jefatura del FBI.

El 17 de mayo, Robert Mueller, que fue director del FBI entre 2001 y 2013, es nombrado fiscal especial. (I)

----------------------------

Legisladores investigan acciones bélicas

Legisladores interrogaban ayer a asesores militares y de política exterior del presidente Donald Trump.

El Congreso aprobó el 14 de septiembre de 2011, tres días después de los devastadores atentados de Al Qaeda contra Nueva York y Washington, una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, AUMF por su sigla en inglés.

Desde entonces, tres presidentes sucesivos se basaron en esa disposición para lanzar operaciones contra grupos islamistas en zonas remotas en todo el planeta.

Los críticos han alegado que los presidentes George W. Bush, Barack Obama y ahora Donald Trump han excedido los términos de la autorización inicialmente concebida para combatir a la organización de Osama bin Laden.

Más recientemente, después de que cuatro soldados estadounidenses murieran la semana pasada durante una emboscada en Níger, muchos norteamericanos se sorprendieron de que el Pentágono desplegara centenares de militares en África occidental.

Algunos legisladores están presionando a sus colegas para que reafirmen, a pesar de la resistencia de la Casa Blanca, el derecho constitucional del Congreso de decidir cuándo y dónde puede Estados Unidos declarar la guerra.

El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, y el de Estado, Rex Tillerson, deben testificar ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la necesidad de la autorización del Congreso o en su caso de actualizar la AUMF.

“Queremos una audiencia con el secretario Tillerson y el secretario Mattis y apreciamos su voluntad de comparecer en nuestra comisión”, indicó el presidente de la Comisión, el senador Bob Corker. (I)