Un total de 24.643 ex paramilitares en Colombia se acogieron a una ley que suspende las órdenes de captura en su contra así como la ejecución de penas, anunció el alto consejero presidencial para la reintegración, Alejandro Eder, al vencer el plazo ayer.

Sin embargo, 1.800 ex integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no acudieron a realizar los trámites para beneficiarse de esa ley, conocida como la 1424, por lo que podrían perder su libertad, indicó Eder al presentar el balance oficial en la sede de la presidencia, en Bogotá.

La norma, promulgada a fines de 2010, abarca a los ex paramilitares que aún habiendo delinquido no habían cometido delitos de lesa humanidad.

La nueva legislación de desmovilizados ha sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, en especial porque el compromiso de confesión de los ex paramilitares que se acogen a ella será ante la Comisión de la Verdad Histórica y no tendrá valor en procesos penales.

Pero el gobierno de Juan Manuel Santos la ha defendido como un mecanismo para llenar los vacíos de una ley de Justicia y Paz con la que se promovió la desmovilización de unos 32.000 integrantes de las AUC entre 2003 y 2005.

La Ley de Justicia y Paz otorgó beneficios procesales a los jefes paramilitares que confesaran sus crímenes  y accedieran a reparar a sus víctimas. A cambio, las penas máximas fueron establecidas en 8  años de prisión. Las AUC, que combatían a las guerrilla, cometieron miles de crímenes atroces contra los civiles y tejieron alianzas con la élite política, por lo que más de un centenar de dirigentes políticos son investigados por la justicia. AFP