Buenos Aires.-

Un tribunal argentino inició ayer un juicio contra el último dictador del país, Reynaldo Bignone, y otros ocho acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 20 personas, entre ellas siete embarazadas, que fueron secuestradas y asesinadas durante el período que gobernó, de 1976 a 1983.

Bignone, de 84 años, ya fue condenado en 2010 y 2011 a 25 años de prisión por delitos cometidos en Campo de Mayo, mientras que en diciembre pasado fue sentenciado a 15 años de cárcel por crímenes perpetrados en un centro clandestino de detención que funcionó dentro del hospital público Posadas, a las afueras de Buenos Aires.

En julio pasado también recibió otra condena de 15 años de prisión por el robo sistemático de bebés durante la dictadura, histórico proceso en el que el ex dictador Jorge Rafael Videla (1976-1981) recibió una sentencia a 50 años de cárcel.

Bignone estuvo ayer sentado en el banquillo de los acusados, junto con los ex militares Santiago Riveros y Eugenio Guarañabens Perelló, por los crímenes cometidos en la guarnición militar bonaerense de Campo de Mayo. En ese cuartel funcionó uno de los centros clandestinos de detención del gobierno de facto y además una maternidad ilegal por la que pasaron varias mujeres secuestradas y ahora desaparecidas.

También están imputados en la causa los ex militares Luis Sadí Pepa, Julio San Román, Hugo Castagno Monge y Carlos Eduardo Somoza y el antiguo oficial de inteligencia del Ejército Carlos del Señor Garzón y su esposa, María Francisca Morillo, acusados de apropiarse de la recién nacida Laura Catalina de Sanctis Ovando, en 1977, cuya identidad fue restituida en 2008, precisaron fuentes judiciales.

“En el juicio oral hay casos de embarazadas que han sido secuestradas y desaparecidas y sus hijos, apropiados”, explicó el abogado querellante por parte del Estado, Ciro Anicchiarico.

El letrado de la Secretaría de Derechos Humanos argentina indicó que por la guarnición de Campo de Mayo “pasaron más de cinco mil víctimas y hubo una maternidad clandestina”, aunque dijo que no hay datos precisos sobre el número de nacimientos allí registrados.

En el marco del juicio que llevarán adelante los magistrados Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone también se ventilará el crimen de dos jóvenes, de 19 y 20 años, que fueron capturados durante la dictadura cuando repartían volantes con contenido político.

“Este juicio significa abrir heridas, limpiarlas y aliviarlas, y también es una manera de honrar y hacer presentes a mis padres”, dijo Sanctis Ovando.

Por su parte, Alba Lanzilotto, hermana de Ana María, quien desapareció en 1976 cuando estaba embarazada de ocho meses, deseó que “se los condene a todos por el daño que han hecho al país”.

“Tengo la esperanza de que este juicio sirva para que mi sobrino o sobrina y los casi 400 niños apropiados, reflexionen y sientan la necesidad de saber la verdad y de salir de ese mundo de mentiras”, sostuvo Lanzilotto, miembro de Abuelas de Plaza de Mayo. Tras la lectura de la acusación ayer, la audiencia fue suspendida hasta el 30 de agosto.