Bolivia.-

El gobierno de Bolivia expresó ayer su disposición de aumentar salarios a policías que están amotinados, y urgió al diálogo, a través del ministro del Interior Carlos Romero, en la primera posición oficial en un conflicto que ayer derivó en saqueos.

“Se les ha comunicado a los policías que queremos efectivizar la decisión de lograr que los ingresos que percibe la Policía Nacional por concepto salarial alcancen los 2.000 bolivianos (287 dólares)”, monto exigido por los policías, dijo Romero.

Los policías dicen que ganan ahora 178 dólares al mes y piden que su escala salarial sea similar a la de las Fuerzas Armadas, donde un uniformado de igual nivel recibe el doble. El salario mínimo de Bolivia, uno de los países más pobres de América, es de 144 dólares mensuales y el sueldo medio apenas pasa de 546, según cifras de 2011.

El secretario informó que abrió contactos con el sindicato Asociación de Suboficiales y Sargentos de la Policía, que dirigen un motín en unas 20 comandancias en todo el país y que ayer derivó en saqueos y quemas en las sedes de la Dirección de Inteligencia y el Tribunal Disciplinario, en La Paz.

Los policías destruyeron esas dos dependencias en La Paz y quemaron lo que hallaron. Agredieron a puños a quienes acusaron de ser leales al gobierno. Las instalaciones atacadas están ubicadas a 1.900 metros del despacho presidencial boliviano.

La furia subió cuando hallaron en el interior centenares de latas de cerveza. Todo terminó en una hoguera. El dirigente policial, Édgar Ramos, indicó que esperan que el Gobierno les haga  por escrito una propuesta concreta, mientras que Guadalupe Cárdenas, líder de las esposas de los agentes, que iniciaron una huelga de hambre, agregó que solo aceptarán dialogar con el presidente Evo Morales.

Romero informó que Morales regresó anoche de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas Río+20, dos días antes de lo previsto, porque tiene preocupación por la sublevación y ha ordenado a sus ministros resolver el conflicto.

Los amotinados son la mayoría de los 30.000 agentes rasos, cabos y sargentos, el 85% del cuerpo policial, que reclaman los mismos ingresos que los militares de su nivel. Además, exigen que se amplíen los beneficios de su jubilación, derogar una ley disciplinaria que, según ellos, no les permite defenderse, y crear una Defensoría del Policía.

Horas antes, cientos de agentes y sus mujeres saquearon las oficinas de la Inteligencia, Interpol y el Tribunal Disciplinario de la entidad, quemaron computadores, muebles y documentos, y destruyeron puertas y ventanas del edificio, en cuyo techo había policías uniformados, armados y encapuchados.

Centenares de uniformados de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Santa Cruz y Trinidad, capitales de departamento, se plegaron a la protesta iniciada más temprano por 50 mujeres, esposas de algunos de ellos, que emprendieron una huelga de hambre en un cuartel de La Paz.

Portavoces del movimiento, que no quisieron identificarse por miedo a represalias, dijeron que el ensañamiento con ese edificio se debe a que el Tribunal Disciplinario es muy duro con los agentes de bajo rango, sin darles derecho a la defensa.

El fuego fue controlado por los bomberos dos horas después de que los rebeldes se retiraran del lugar y regresaran a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), tomada de forma violenta el jueves y de donde se apropiaron de armas y municiones.

Los policías también atacaron comandos y quemaron muebles y documentos en Cochabamba, se amotinaron en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz y protagonizaron otras protestas en Sucre, Potosí, Tarija, Oruro y otras poblaciones.

Los rebeldes pasaron ayer varias veces ante el Palacio Quemado (sede de Gobierno), coreando "motín, motín", lemas contra el mandatario, peticiones de renuncia y acusaciones de que es incapaz de solucionar el conflicto.

El Palacio está cerrado desde ayer y en su interior sigue el trabajo bajo la custodia de la Policía Militar, que tiene apostada una compañía detrás de la puerta principal y otros accesos. Las calles de La Paz ya no tienen protección, ni control de tráfico, y los bancos y muchos comercios adelantaron el cierre de sus puertas.