El Movimiento al Socialismo (MAS) confirmó el reinicio de protestas antigolpistas en Bolivia desde el 20 de enero de 2020 y aprobar el parlamento, donde tiene mayoría absoluta, una ley contra la represión.

Un ampliado (asamblea) nacional del Pacto de Unidad que el MAS integra con organizaciones sociales, aprobó empezar movilizaciones pacíficas en contra de la prórroga que pretende el gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez.

El régimen surgido de lo que el MAS considera un golpe de Estado que obligó a renunciar al presidente Evo Morales, ha pedido al Tribunal Constitucional la extensión de su mandato y el del parlamento, que fenece constitucionalmente el 22 de enero de 2020.

La asamblea realizada en el centro minero de Uyuni, en el sureño departamento de Potosí, señaló que ni la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) ni Áñez deben prorrogar sus mandatos más allá de ese fecha.

Así mismo, determinó que las movilizaciones pacíficas se realizarán en los nueve departamentos (provincias) de Bolivia y planteó que el parlamento, bajo mayoría contundente del MAS, rechace la renuncia del presidente Morales, que requiere de la aceptación del poder legislativo, según la constitución, para tener validez.

El encuentro ratificó la unidad de la clase media obrera, indígenas, organizaciones sociales y transportistas que será la encargada de conformar coordinadores de defensa de la democracia.

Los delegados declararon, por otra parte, persona no grata al fiscal general, Juan Lanchipa, por encabezar la persecución a dirigentes populares y repudiaron los intentos del régimen de Áñez, de cerrar los medios de comunicación ligados a los pueblos indígenas.

En el terreno parlamentario, el MAS logró el viernes 10 de enero de 2020 la aprobación de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos en el Senado, con algunas correcciones que deberán ser aprobadas por la Cámara de Diputados para su envío a Áñez, quien ha adelantado que la vetará, caso en el cual el legislativo podrá ponerla en vigencia, según lo manda la carta magna.

La ley garantiza que el Estado indemnice a los deudos de operaciones represivas y se haga cargo de la atención a los heridos, y establece la responsabilidad jurídica de los autores directos y mediatos de violaciones de derechos humanos.

Las pequeñas bancadas oficialistas abandonaron la sesión y junto al gobierno apelan a un recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional.

La norma, según sus autores, busca proteger a la población, los dirigentes sociales y los funcionarios, de abusos, allanamientos, detenciones y de masacres como las de Senkata y Sacaba, en las que fuerzas militares y policiales dieron muerte a más de 30 civiles.

Esas matanzas motivan una interpelación a los ministros de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y Defensa, Luis López, que debió realizarse el sábado 11 de enero de 2020, pero fue postergada hasta el viernes 17 de enero de 2020.

Los convocados pidieron el aplazamiento, alegando que necesitan más tiempo para responder a las 33 preguntas planteadas por los legisladores, que demandan detalles sobre los uniformados participantes, la línea de mando y los autores directos e intelectuales de las matanzas hasta hoy impunes. (I)