Evelia Mutul, una mujer maya de 38 años lleva casi 10 años en una prisión del estado de Yucatán, acusada por el homicidio de su bebé.

El 19 de julio de 2009, al salir de misa acompañada por su familia, se cayó en la puerta de la iglesia de Tixméhuac, su pueblo natal. Su madre y hermano la llevaron al centro de salud de la comunidad cuando notaron que perdía demasiada sangre.

En el centro de salud Evelia parió un bebé que nació vivo, pero que media hora después murió. Ella asegura que no sabía que tenía siete meses de embarazo, sin embargo, la Fiscalía la acusó de matar a su hijo, la sentenció a 10 años de prisión y a pagar al Estado una multa de 140.000 pesos ($ 7.100) como reparación por daños.

Evelia cuenta que no fue al doctor durante esos siete meses, “porque se sentía bien” y nunca presentó síntomas de embarazo, además explica que el padre del bebé la violentó y obligó a tener relaciones sexuales con él en reiteradas ocasiones. Lo denunció ante el Ministerio Público pero nunca hicieron nada. “Me decía que no le dijera nada a mi familia o los iba a matar”, relata.

El de Evelia es solo uno de los miles de casos que se presentan en México, donde el aborto no solo está penalizado, sino que  también es un delito perseguido.

Para el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que promueve la campaña en defensa de la interrupción legal del embarazo en el país, “la criminalización tiene consecuencias como el precario acceso a causales legales de aborto y la denuncia de mujeres con emergencias obstétricas”.

En efecto, la mayor parte de las denuncias por aborto en México proviene de los mismos prestadores de servicios de salud. En los 10 últimos años, según cifras de GIRE, 4.246 personas (hombres y mujeres) fueron denunciadas por participar en interrupciones de embarazos, en promedio más de una acusación al día. Mientras, 136 mujeres están en prisión -preventiva o definitiva- acusadas por el delito de aborto.

Ana Laura Magaloni, profesora de derecho del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), afirma que nunca había visto el vínculo tan claro, como se ve en este estudio, entre la inclusión de un delito en el código penal y el comportamiento de los profesionales de la salud.

“El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que cometen un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obstétrica se encuentran en un peligro mayor”, explica. “Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas”, menciona la directora de GIRE, Regina Tamés.

En México, solo uno de sus 32 Estados permite el aborto libre hasta la duodécima semana de gestación: la Ciudad de México.

Mientras la única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas.

“Esto genera desigualdad entre las mexicanas”, apunta el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar.

Propuesta genera debate

La llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la promesa de una amnistía para aquellas que están presas por abortar trae esperanza al caso de Evelia y al de otras 136 mexicanas que sufrieron abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas, fueron criminalizadas y permanecen encarceladas bajo delitos de homicidio, según el cálculo de organizaciones feministas.

La coordinadora del Proceso de Consulta para la Paz y la Reconciliación en Oaxaca, Loretta Ortiz, adelantó que ya revisa las posibles vías legales, “pues al tratarse de un delito del orden común, se buscará la despenalización en todo el territorio nacional”.

Pero la Iglesia y organizaciones católicas se preparan para dar la batalla contra los planes de despenalización del aborto. “Nosotros como cristianos católicos nos oponemos a esta agenda de género”, afirmó Salvador Rangel, obispo de Chilapa, en el estado de Guerrero. (I)

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Las políticas en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, el aborto pasa por todas las escalas: de la interrupción legal del embarazo de manera segura y gratuita (Cuba, Uruguay y Ciudad de México), hasta la prohibición absoluta (El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala).

En el medio, la mayoría de los países permite la despenalización en algunas causales: cuando el embarazo es producto de una violación; se pone en riesgo la vida de la madre, y el feto no tiene posibilidades de sobrevivir.

En junio de 2018, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto que despenalizaba la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Pero a pesar de las movilizaciones de mujeres, el Senado no le dio el visto bueno.

En Chile, es legal el aborto hasta la semana 14, pero un proyecto busca la despenalización cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, inviabilidad fetal o violación, como en Brasil y Paraguay.

En Ecuador hay dos causales por las cuales una mujer puede realizarse un aborto: riesgo a la salud o vida de la mujer y violación. Pero esta última solo aplica para las mujeres que tengan discapacidad mental. Si una mujer sin discapacidad es violada e interrumpe su embarazo puede pasar hasta dos años en la cárcel, según el código penal ecuatoriano. (I)