El Gobierno de EE.UU., presidido por Donald Trump, anunció una reforma con la que busca desvincularse de un acuerdo judicial firmado en 1997 que le obliga a liberar a las familias y menores inmigrantes antes de 20 días.

Esta medida, que será con toda probabilidad contestada ante las cortes, le permitirá mantener encerrados a estas personas vulnerables durante semanas, meses o años, hasta que se confirme su cita con un juez de inmigración para decidir su solicitud de asilo.

En 1985, dos organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Naturalización (ya extinto) por su trato a menos inmigrantes. Tras 12 años de batalla judicial, que incluso llegó a la Corte Suprema, se alcanzó un pacto, conocido como Acuerdo Flores, que obliga al Gobierno a liberar a los menores y a sus padres antes de tres semanas, y a darles cuidados especiales mientras están detenidos.

El Gobierno de Trump incumplió este acuerdo, tal y como determinó la justicia (en ocasiones, los menores son encarcelados durante meses y meses, y no se les trata adecuadamente). Además, solicitó permiso para modificarlo a la corte federal que lo gestiona, con el objeto de encerrar a los niños junto a sus familias en vez de en centros de detención especiales para ellos. Le fue denegado.

También trató de impulsar su eliminación dentro de una reforma de las leyes migratorias en el Congreso que no salió adelante ni siquiera cuando el Partido Republicano lo controlaba por completo (el pasado noviembre perdió la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque mantiene el Senado).

Así, el pasado mes de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso una nueva regulación que cancelaba el Acuerdo Flores, y ayer su secretario en funciones, Kevin McAleenan, presentó la regla final que “redefine” el Acuerdo Flores.

Su intención es “cerrar el agujero legal” que impulsó, según dijo McAleenan, la llegada de inmigrantes ilegales (entre ellos, 475.000 familias en los últimos 10 meses).

Las autoridades argumentan que “las mafias publicitan que si los migrantes llegan con niños, se les deja con libertad en EE.UU. a la espera de una decisión judicial que puede llevar hasta cinco años”, reportó Telemundo.

Esta regla, que entraría en vigor en dos meses, dijo el funcionario, eliminará ese “incentivo”, al frenar la llegada de migrantes a la frontera. Además, “protegerá a los niños”, evitando que las mafias y delincuentes usen a niños para entrar en el país (este año fiscal se descubrieron 6.000 casos de este tipo).

Los niños y las familias serán encerradas en centros especiales, prometió McAleenan, con “estándares altos” para cuidarlos “con dignidad, respeto y de acuerdo con los valores estadounidenses”, y vivirán juntos mientras se procesa su solicitud.

Eso es algo que el Acuerdo Flores ya obligaba a hacer. La diferencia ahora es que estos migrantes ya no tendrán que ser liberados antes de 20 días, sino que podrán pasar meses o años encerrados, bajo el principio de que “las familias deben permanecer juntas”.

Además, será más fácil deportar a aquellos que se considere que no cumplen los requisitos mínimos para solicitar asilo, despojándoles así de derechos. Este paso fue criticado por  organizaciones proinmigración y los demócratas.

“Cualquier esfuerzo por reformar o enmendar esta regla debería funcionar para mejorar la atención y las condiciones, no debilitar estas protecciones críticas y permitir el encarcelamiento indefinido de niños inmigrantes”, señaló en un comunicado Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo de defensa de inmigrantes cofundado por Mark Zuckerberg, Bill Gates y otros líderes tecnológicos.

Mientras, el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Tom Perez, calificó la medida de “inmoral” y señaló que muestra “la crueldad infinita de esta administración”.

“Las personas que buscan asilo y los inmigrantes se merecen ser tratados con la dignidad y decencia humana más básica”, dijo Perez, para quien “no existe justificación moral para la detención indefinida de niños”. (I)