Estación donde murieron 11 latinoamericanos carecía de seguridad
Los policías que atendieron la tragedia en la que murieron el año pasado once latinoamericanos y una rumana, atropellados por un tren en la localidad española de Castelldefels (noreste), estiman que la estación ferroviaria carecía de las medidas de seguridad necesarias.
Esta, según el abogado de las familias de las víctimas, es la declaración ofrecida hoy por los policías ante la juez que lleva el caso y ante la cual comparecieron también el maquinista del tren del que acababan de apearse las víctimas, el del tren que las arrolló, así como directivos de Renfe y Adif, vecinos de la zona y otras personas que resultaron heridas en el accidente.
La tragedia ocurrió el 23 de junio de 2010, en la popular noche de San Juan, cuando un grupo de personas, en su mayoría jóvenes latinoamericanos que acababan de apearse en esa estación para acudir a una verbena en la playa, atravesaron las vías sin utilizar los pasos subterráneos existentes y fueron arrolladas por un tren que pasaba a gran velocidad.
Siete ecuatorianos, dos bolivianos, dos colombianos y una rumana murieron en ese accidente.
Hoy, tras la sesión de declaraciones de la mañana, el abogado de las familias de las víctimas, Andreu Van den Eynde, dijo a los periodistas que, según la declaración judicial de los policías, en la instalación "no se daban las condiciones de seguridad necesarias" para hacer frente a una afluencia masiva de gente.
Los agentes, según el letrado, reconocieron ante la juez que sabían que esa noche se produciría una situación de afluencia masiva en la estación de Renfe de Castelldefels.
Por su parte, el maquinista del tren que arrolló a las víctimas dijo que activó los mecanismos de alarma para evidenciar la llegada del convoy, pero añadió que "es imposible parar un tren", según Van den Eynde.
Según la explicación del maquinista relatada por el letrado, "no se debe bajar jamás a la vía porque el tren no se puede parar ni cuando se producen situaciones tan excepcionales como la de aquella noche".
Por su parte, según Van den Eynde, los representantes de Renfe y Adif que también declararon ante el juez aseguran que la estación cumplía las medidas necesarias de seguridad.
Está previsto que la juez tome declaración durante la jornada de hoy a cinco testigos presenciales que se vieron afectados por el accidente.
En enero pasado, la Audiencia de Barcelona decidió reabrir la causa por este accidente al estimar los recursos presentados por los defensores de varias de las víctimas contra el auto que dictó el juez encargado del caso, que decidió el sobreseimiento de las actuaciones.
El 30 de julio de 2010, el juez encargado archivó las diligencias abiertas por el accidente por entender que el siniestro se debió a una actuación "imprudente y temeraria" de las víctimas.
