París.- Los escándalos de corrupción se suceden en Francia en las últimas semanas y afectan a las figuras clave, a la mayoría, de la política francesa de la última década.

La histórica sentencia condenatoria a Jacques Chirac abrió la veda en diciembre de 2011. El que fue presidente entre 1995 y 2007 y dos veces primer ministro fue condenado por malversación de fondos públicos cuando era alcalde de París en los años 90. La justicia demostró que desde el ayuntamiento habían creado decenas de empleos ficticios en beneficio de su partido político, el predecesor de la actual Unión por un Movimiento Popular (UMP).

Chirac fue condenado a pesar de que la formación había llegado a un acuerdo para devolver 2,2 millones de euros a las arcas del municipio. La condena de dos años de prisión, como suele ocurrir en las personas sin antecedentes con esta pena, quedó en suspenso.

El sucesor de Chirac al frente de la UMP fue Nicolas Sarkozy. Y la historia se repitió. Nada más dejar el Elíseo y perder la inmunidad fue imputado por un escándalo de financiación del partido.

En marzo, Sarkozy
fue procesado por el caso Bettencourt, por las donaciones del grupo L’OrealEl pasado mes de marzo, Sarkozy fue procesado por el caso Bettencourt en el que se investigan, entre otras cosas, las donaciones de la heredera del grupo L’Oreal, Liliane Bettencourt, a su campaña presidencial de 2007.

También se sospecha de él por irregularidades en la contratación de los estudios de opinión que encargaba el Elíseo y por otros dos casos de presunta financiación ilegal de las campañas de la UMP, todos en fase de instrucción en los juzgados.

Aunque el presunto delito de financiación irregular ya habría prescrito, al político se lo acusa de “abuso de debilidad” sobre la millonaria, de 90 años y declarada incapacitada después de estallar el escándalo.

Ahora, el Consejo Constitucional declaró ilegales las cuentas de la campaña presidencial de Sarkozy de 2012, lo que lo llevó a dimitir como miembro del  órgano. El expresidente francés señaló en un comunicado que de esa forma espera recuperar su “libertad de palabra” ante la gravedad de la situación y las consecuencias del dictamen.

Según el Consejo Constitucional, Sarkozy gastó en esa campaña casi 23,1 millones de euros frente al techo de gasto autorizado de 22’509.000 euros, y con su dictamen pierde el derecho de reembolso del 47,5% de esa suma por las irregularidades.

Se trata de la primera vez que se produce un hecho así en la historia de la V República Francesa, instaurada en 1958.

A través de un comunicado, el alto órgano judicial se alineó con la decisión de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y de Financiación Política, que ya había rechazado en 2012 la contabilidad presentada por Sarkozy.

La decisión del Consejo Constitucional priva a su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), del reembolso por parte del Estado de 11 millones de euros, lo que agrava la situación financiera ya difícil.