El 27 de febrero  pasado, tras cumplir una condena de 17 años y 9 meses, Fernando González Llort fue liberado de la cárcel de Safford, Arizona, para ser deportado a Cuba. Al día siguiente llegó a La Habana donde fue recibido como un héroe. Es el segundo -después de René González- de los cinco antiterroristas cubanos detenidos en territorio estadounidense por espionaje que recobra su libertad. En entrevista exclusiva con  EL TELÉGRAFO, revela detalles de su encarcelación y acusa a la justicia norteamericana de someterlos a un juicio “fraudulento”.

¿Cuál fue la misión concreta que asumió el Grupo de Los Cinco en su viaje a Estados Unidos? ¿En cuáles circunstancias aconteció su arresto el 12 de septiembre de 1998?

La misión de Los Cinco era obtener información sobre grupos de la extrema derecha cubanoamericana establecidos en el sur de la Florida que se dedican a planificar, organizar y ejecutar acciones terroristas contra Cuba y los intereses cubanos en cualquier parte del mundo. Nuestra misión era introducirnos en esos grupos y obtener la información sobre financiamiento, planificación y preparación de esas operaciones con vistas a alertar a las autoridades cubanas y con ello prevenir la pérdida de vidas humanas y los daños materiales que ocasionarían esas acciones.

Existen agencias tanto del gobierno federal norteamericano como de la policía local en Miami, estado de la Florida, encargadas de realizar la labor de desarticulación de esos planes. Pero sucede que, cuando se trata de Cuba, la extrema derecha cubanoamericana ha tenido tanta influencia política, que dichas autoridades no realizan ese trabajo contra los grupos terroristas que operan contra Cuba desde territorio de Estados Unidos. Durante décadas, ataques violentos contra nuestro pueblo han tenido lugar, originados en el sur de la Florida y ejecutados por grupos de cubanoamericanos residentes en esa localidad, sin que las autoridades norteamericanas los impidan. Nuestro arresto se produce el 12 de septiembre del año 1998.

En horas tempranas de la mañana de ese sábado, autoridades del Buró Federal de Investigaciones ( FBI ) irrumpen violentamente en cada una de nuestras viviendas y ejecutan la operación de arrestarnos. No se puede hablar de las circunstancias del arresto sin mencionar que solo dos meses antes del mismo, las autoridades cubanas se habían reunido en La Habana con una delegación norteamericana que incluía miembros de ese mismo Buró Federal de Investigaciones y de otras agencias encargadas de investigar planes terroristas. En esa reunión se le entregó a la parte norteamericana abundante información sobre grupos e individuos en Estados Unidos y otros país involucrados en la planificación y ejecución de esos planes. Información que Cuba había obtenido a través de personas como Los Cinco.

El arresto nuestro fue una decisión política y no operativa. La extrema derecha cubanoamericana en Miami, a través de su estrecha relación con quien dirigía entonces la oficina del FBI en esa ciudad, se confabuló con ese individuo para torpedear ese intento de colaboración entre las autoridades de los dos países y para vengarse de la Revolución cubana por los éxitos de la misma.

¿Por qué consideran que el proceso judicial fue fraudulento?

Bueno, comenzando por las motivaciones políticas de nuestro encarcelamiento a las que hice referencia, la naturaleza de las acusaciones que se nos hicieron y el tratamiento que se nos dio en el Centro de Detenciones de Miami.

A tres de nosotros se les acusó de conspirar para cometer espionaje cuando nada en la evidencia es indicativo de que se cometió tal violación de la ley ni que hacerlo era la intención ni el objetivo que nos proponíamos. Mucho menos aparece evidencia alguna que sustente la acusación a Gerardo Hernández de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Tal es así que los propios fiscales al culminar la etapa de presentación de pruebas y antes de que el jurado comenzara sus deliberaciones, envió una apelación de emergencia a la Corte superior para que esta ordenara a esas alturas del proceso un cambio en la acusación a Gerardo porque ellos mismos consideraban que no habían podido probarla.

A eso habría que adicionarle la negativa de la juez a cambiar la sede del juicio a una localidad que no fuera Miami, donde tanto prejuicio existe contra Cuba. En ese lugar era imposible conformar un jurado de 12 personas que nos pudiera juzgar imparcialmente.

Durante todo el proceso a nosotros se nos obstaculizó el acceso a la evidencia para prepararnos con vistas al juicio. Se clasificó la misma arbitrariamente por parte de los fiscales y con ello se hizo engorroso el trabajo de preparación para defendernos.

Las condiciones de confinamiento adicionaban aún más dificultades para nuestro trabajo con los abogados, pues al estar en aislamiento del resto de la población penal, confinados en una unidad especial diseñada para el castigo, las visitas con los abogados, necesarias para el proceso de preparación, se hacían muy difíciles de concretar. Y cuando se concretaban no se podía disponer del tiempo necesario para el trabajo que requería la preparación.

Se les permitió a los fiscales basar toda su argumentación en los prejuicios sobre Cuba y nuestra Revolución, que sabían eran preponderantes en la localidad como resultado de décadas de propaganda anticubana. Hoy sabemos algo desconocido entonces: parte del trabajo tendencioso de la prensa local contra nosotros fue el resultado de pagos que el mismo gobierno hizo a periodistas del área. Estas son solo algunas de las violaciones por las cuales afirmamos que aquel juicio fue fraudulento.

¿Cuáles son las condiciones y las perspectivas de los tres que todavía siguen presos?

Desde el punto de vista legal la apelación relativa al juicio está cerrada. En este momento lo que existe es un recurso de hábeas corpus ante la misma jueza que ha presidido el caso desde el inicio y que reclama precisamente el hecho insólito de que periodistas locales hubieran estado recibiendo pagos del gobierno federal norteamericano para publicar propaganda contra nosotros en la misma comunidad donde se nos juzgaba. Es una violación flagrante del debido proceso y un fraude mayúsculo por parte del gobierno.

La jueza ha tenido en sus manos esa reclamación por los últimos cuatro años y no ha emitido decisión alguna. La solidaridad crece. Cada vez son más los que en todo el mundo conocen de la injusticia que se comete contra los compañeros. Son ya 16 años de injusto encarcelamiento y la demanda de que sean liberados llega cada vez con más fuerza a las autoridades norteamericanas. Si bien hay que seguir luchando por la vía de las Cortes y obtener todo lo que se pueda de ese tipo de reclamos legales, la solución del caso será al final una decisión política. Ellos están confinados en prisiones en las que nunca debieron estar. Ya lo han estado por 16 años. Es demasiado tiempo para que una injusticia como esa se mantenga. Tenemos que trabajar para que el gobierno de Estados Unidos se convenza de que es necesario que se les libere y se les permita reencontrarse con sus familias y con su pueblo.

¿Volvería a aceptar una misión así?

En mi conciencia está claro que la misión era noble, que no se le hizo daño a nadie y que lo que se hacía era salvar vidas humanas, impedir acciones violentas que causarían pérdidas de vida y daños materiales. Es una misión que volvería a aceptar sin pensarlo dos veces.

¿Cómo ha impactado la campaña de la cinta amarilla en Estados Unidos?

La verdad es que yo no puedo evaluar el impacto que ha tenido en Estados Unidos la campaña de la cinta amarilla. Ciertamente, entre los grupos solidarios con Los Cinco la campaña ha tenido un impacto, no solo en Estados Unidos sino en la mayoría de los países. Pero sucede lo mismo que con la información sobre el caso: queda entre los conocedores de la situación y se hace difícil llegar a otros sectores de la sociedad por la negativa consciente de los medios de difusión norteamericanos a publicar nada que tenga que ver con Los Cinco y la campaña por nuestra liberación.

René González, uno de los 5 que está en libertad, afirma que el terrorismo contra Cuba en Estados Unidos ha sufrido una transformación y que ha conseguido arraigarse en la política estadounidense, en especial en el Congreso. ¿Quiénes estarían involucrados en esa campaña contra el gobierno comunista en la isla?

Yo creo que hay congresistas de origen cubano, representantes por el Estado de la Florida, elegidos con el apoyo de la extrema derecha cubanoamericana de Miami para que represente sus intereses, que tienen una historia pública de apoyo a terroristas de origen cubano. Está el caso de Ileana Ross. Está en el récord público su apoyo a Orlando Bosh cuando este solicitó se le permitiera vivir en los Estados Unidos a pesar de su historial terrorista. Es público el apoyo de ella y de los hermanos Díaz Ballart a la extrema derecha cubanoamericana que cobija a los terroristas en Miami, el apoyo a Posada Carriles quien es responsable de los atentados con bombas a los hoteles en La Habana a fines de la década de los 90 del siglo pasado y quien, junto a Orlando Bosh, fue el responsable de la voladura de un avión comercial cubano en pleno vuelo en 1976 en el que perdieron la vida 73 civiles. Hecho por el cual no han pagado gracias al apoyo de esa extrema derecha y la complicidad del gobierno estadounidense.