La pretensión de legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, a través de la Ley de Seguridad Interior, fue abiertamente rechazada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que la adopción de dicha ley sería un retroceso y un grave riesgo para el respeto de los derechos humanos, además de que el término de seguridad interior  corresponde a regímenes autoritarios.

La Ley de Seguridad Interior, que promueve el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es una iniciativa para rediseñar el modelo policial del país, el cual -reconocido por el propio gobierno federal- no ha cumplido para atender la demanda de seguridad de los mexicanos.

Para la autoridad, esta iniciativa de ley permite avanzar hacia un sistema policial que esté a la altura de los retos actuales, pero también de que se contemple la actuación subsidiaria de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo al periódico La Jornada, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aclaró que nadie en esa mesa de debate -en la que participaron varios especialistas y académicos- postuló el retiro inmediato del Ejército de las calles, pues hay zonas donde juega un papel importante para la ciudadanía.

Pero sí es necesaria una agenda de retiro programático de Fuerzas Armadas, hecho que pasa justamente por el fortalecimiento de las instituciones civiles y por la democratización de las policías.

Junto con Jan Jarab, Mario Patrón aclaró que asumir estas posturas no busca ni pretende golpear o desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Por su parte, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que: “la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas no es lo más deseable, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales”. (I)