En Siria, presiones contra el régimen se incrementan
La presión sobre el régimen sirio se acentuó ayer, dentro y fuera del país, con la exigencia de reformas por parte de 150 opositores, la dimisión de 30 miembros del partido gubernamental y la multiplicación de iniciativas internacionales de condena de la represión.
Treinta miembros del partido gubernamental Baas en Banias -escenario de la contestación en el noroeste del país- anunciaron ayer su dimisión como protesta por la violenta represión de las manifestaciones antigubernamentales.
En un comunicado, los dimisionarios denuncian las agresiones contra los ciudadanos, contrarias a todos los valores humanos y a los ideales del partido.
Al mismo tiempo, el Observatorio sirio para los Derechos Humanos (OSDH) afirmó ayer que 453 personas han muerto desde el inicio del movimiento de protesta, el 15 de marzo, contra el régimen del presidente Bashar al Asad.
“El número de víctimas civiles muertas se eleva a 453 desde el inicio de la revuelta popular”, declaró el presidente del OSDH, Rami Abdel-Rahman. Aseguró que tiene una lista nominativa con víctimas civiles y los lugares donde han muerto. La mayoría falleció en Deraa, centro del movimiento de protesta, en las cercanías de Damasco, en Homs (centro) y en la costa siria.
Pese a los anuncios de reformas, como la abrogación del estado de emergencia, el régimen de Al Asad sigue reprimiendo las manifestaciones, según la oposición y las ONG internacionales.
Asimismo, más de 150 opositores sirios, que guardaron el anonimato por razones de seguridad, realizaron un llamado al régimen a favor de un “cambio verdaderamente democrático” porque de lo contrario deberá hacer frente a una revolución popular que acabará derrocándolo.
En un comunicado titulado “Iniciativa nacional para el cambio”, los opositores advirtieron al régimen que solo le quedan dos opciones: “O lidera él mismo el cambio hacia la democracia o los manifestantes llevarán a cabo una revolución popular que derrocará al régimen y acabará en ese cambio tras un período de violencia y disturbios”.
“Para introducir reformas políticas, es necesario la elaboración de una nueva Constitución que garantice los derechos de los ciudadanos y asegure una separación entre los poderes legislativo, jurídico y ejecutivo”, agregó el documento.
