Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia, Los Caballeros Templarios, son solamente algunos de los nombres de las organizaciones criminales del estado de Guerrero, México, que han comenzado a aparecer con fuerza en las páginas de la prensa internacional en las últimas semanas. Todos nombres que remiten a la fuerza, la virilidad, la lealtad, y que han servido para firmar las peores atrocidades cometidas en ese paraíso turístico en las últimas décadas.

Según datos oficiales, solamente en 2013 se cometieron allí 2.203 homicidios. Una tasa de 63 asesinatos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Pero aun esos datos tienen el defecto de estar basados sobre lo que las autoridades federales y distritales registran, y en los últimos tiempos quedó más que claro que esa información es muy poco confiable. Porque si hay algo que caracteriza a los Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia o Los Caballeros Templarios es su profunda penetración en la vida política e institucional de Guerrero.

Alcaldes, fiscales, gobernadores y legisladores han sido acusados y hasta condenados como jefes de esos mismos grupos. El último caso que conmocionó a la sociedad mexicana, y que puso en evidencia estos vínculos, fue la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala a manos de la Policía local el pasado 26 de septiembre. Todos eran alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, estado de Guerrero, institución que ha formado históricamente jóvenes con una fuerte tradición de lucha social.

Entre sus exalumnos se destacan Lucio Cabañas Barrientos, líder del grupo guerrillero Partido de los Pobres; el sindicalista Genaro Vázquez Rojas, asesinado en una emboscada por el Ejército; o el dirigente comunista Othón Salazar Ramírez. En diciembre de 2011 la represión policial contra los estudiantes de esa escuela dejó un saldo de dos jóvenes muertos durante una protesta para exigir mejoras edilicias para la institución. Los normalistas de Ayotzinapa y sus profesores fueron atacados el mes pasado por efectivos municipales mientras viajaban a la manifestación que todos los años se realiza en la Ciudad de México en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. Allí pretendían llevar sus demandas por una reforma educativa y cuestionaban a las autoridades locales por las condiciones en que deben estudiar. Sin embargo, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien actualmente está prófugo, ordenó que se detuvieran los colectivos en que se trasladaban los normalistas.

Desde ese momento, seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecieron. Por estos hechos, las autoridades de Guerrero, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron sindicadas como cómplices del crimen organizado que azota el Estado, y la sociedad toda salió a manifestarse para pedir la aparición con vida de los jóvenes y la renuncia de los mandatarios locales. “Estos muchachos de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral”, analizó en esta entrevista con Miradas al Sur Ana Esther Ceceña, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y referente del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

¿Cómo se puede analizar lo que sucede en la política mexicana, a la luz de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa?

Están pasando muchas cosas con la política mexicana. Es un proceso que viene avanzando desde hace unos 12 o 15 años, y se ha relacionado también con esta política general de la droga que hizo correr los centros neurálgicos desde Sudamérica hacia México. Porque, como el mercado más grande de consumo es Estados Unidos, México es la locación más adecuada. Eso fue provocando un corrimiento de esas actividades ilícitas relacionadas con la venta, el tráfico e incluso con la producción misma de drogas. Cuando esto se instaló ya de manera consistente en el país, Estados Unidos promovió una política que llamaba de guerra contra las drogas, que fue asumida cabalmente por el entonces presidente Felipe Calderón a partir de 2006.

Esta ‘guerra contra el narco’, como se la llamó, significaba por un lado dar institucionalidad al trabajo del Ejército en seguridad interna, y eso movió muchas cosas en el terreno de los cuerpos de seguridad del país, porque ya no eran solamente las policías las que estaban combatiendo el crimen organizado sino que entraba el Ejército de manera muy protagónica en el combate, supuestamente, al narcotráfico. Desató realmente una guerra en el país esta política. A pesar de que la sociedad mexicana ha estado insistiendo muchísimo en que no es ni siquiera la manera de detener al narco, y que está provocando problemas terribles en el país, no se ha querido modificar. No solamente por las autoridades mexicanas. Estados Unidos ha dicho reiteradamente que esa es la política adecuada y la que van a sostener. Y la sostienen a través de la Iniciativa Mérida y también a través de otro conjunto de relaciones que tienen con México hace tiempo atrás y que se han ido reforzando, pero siempre con esta misma intención.

Eso se combina, por otro lado, con un país en el que las instituciones políticas son muy frágiles porque están muy deslegitimadas y porque la corrupción es algo realmente sistemático y abarca todos los niveles del manejo público.

¿Qué significa esto para la vida cotidiana de la población?

Hoy en México, al mismo tiempo que hay reclamos por la aparición de estos muchachos, tenemos muchos otros desaparecidos. Estos jóvenes de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral, por la manera tan impune, tan salvaje como fueron tratados. Pero de hecho es una tónica que está más o menos instalada en todo el país, y cada día aumenta el número de víctimas y desaparecidos. Hay muchos reclamos en ese sentido, pero al mismo tiempo hay reclamos en todos los otros niveles. Es decir que hay una situación en la que ha desaparecido, o por lo menos hay vacíos gigantescos en el Estado de derecho. En parte por esta militarización ascendente.

Entonces no hay Estado de derecho, no hay autoridades a las cuales acudir, no hay instancias que garanticen una cierta seguridad ciudadana, y eso combinado con el aumento de los negocios del crimen organizado y de varios otros tipos ha dado lugar a un explosivo. Estamos preocupadísimos porque el país parece estar a punto de estallar en pedacitos. Es decir, a punto de ser balcanizado. Porque no hay autoridad del Estado. Incluso ahora con estos acontecimientos terribles, mientras la sociedad está escandalizada, el Presidente trata el tema como si fuera un atropellamiento de una persona en un viaducto. El Estado central está muy frágil y los poderes locales han crecido muchísimo. Se han fortalecido en parte a través de la representación política que tienen los gobernadores, pero siempre muy vinculados con la actividad mafiosa que hay en cada región. Entonces usted va a tener en cada lugar elecciones en las cuales algunos candidatos son retirados por miedo y otros son puestos con recursos del crimen organizado.

De manera que se ha ido conformando una estructura de poder en todo el país, de poderes locales muy contaminados por el crimen organizado y un Estado muy débil, con sospecha de estar imbricado también con el narco. Todo esto en el medio de una total y absoluta impunidad. La sociedad ha sido colocada en una situación de indefensión casi total. Se siente muy sola, muy agredida y en cierto sentido descontrolada porque no se sabe bien por dónde vienen los golpes, porque llegan por todos lados. No es una guerra muy focalizada. Es una guerra derramada hacia toda la sociedad. Y de repente puede ocurrir que es contra algunos empresarios, luego contra un poblado, o contra estudiantes o cualquier otro miembro. Es una situación de una tremenda inestabilidad, de un tremendo vacío del Estado de derecho, de una indefensión muy grande y de una impunidad total.