Washington.-

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca superar el temporal de su primera crisis -en menos de un mes de asumir el poder- ante la intempestiva renuncia de su consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien apenas ejerció el cargo 24 días.

El lunes, el general retirado, Michael Flynn, presentó su carta de renuncia -que fue aceptada de inmediato-. La causa de esta crisis la derivó la divulgación de una conversación que mantuvo en diciembre pasado con el embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak, sobre las sanciones estadounidenses al Gobierno ruso.

En enero, Sally Q. Yates, fiscal general interina, ya informó a Trump que creía que Flynn engañó a altos funcionarios sobre la naturaleza de sus comunicaciones con el embajador ruso y advirtió que el consejero de Seguridad Nacional era potencialmente vulnerable al chantaje ruso.

En su carta de renuncia, Flynn indicó que transmitió “sin querer al vicepresidente electo y a otros información incompleta sobre sus conversaciones telefónicas con el embajador de Rusia”.

De inmediato, Trump nombró a otro general retirado, Joseph Kellogg, para ocupar interinamente el puesto de consejero de Seguridad Nacional, añadió la Casa Blanca.
Kellogg es uno de los tres favoritos para quedarse definitivamente con el cargo. Los otros son el vicealmirante Robert Harward, excomandante adjunto del Comando Central, y el general retirado David Petraeus, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Petraeus renunció a la CIA luego de un escándalo por compartir información secreta con una amante, una periodista que escribía un libro sobre él. El exdirectivo terminará una condena de dos años de libertad condicional en abril.

El diálogo comprometedor

En el aspecto legal, Flynn infringió una ley que prohíbe a personas no autorizadas negociar con gobiernos extranjeros sobre conflictos. Sin embargo, es poco probable que sea  sometido a una sanción legal, porque ese código data de 1799 y nunca se utilizó.

Cuando Flynn habló con Kislyak -en noviembre de  2016- el entonces presidente Barack Obama preparaba la aplicación de sanciones contra cinco funcionarios rusos y determinó la expulsión de 35 diplomáticos de ese país. En ese momento, Washington acusaba directamente a Rusia de injerencia en las elecciones presidenciales.

En Moscú, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, se mostró cauto al ser consultado sobre la renuncia de Flynn y se limitó a decir que “es un asunto interno de EE.UU. (...)”.
Aunque el diálogo entre los diplomáticos fue divulgado por dos periódicos más influyentes en EE.UU. -The Washington Post y The New York Times-, en la capital nadie duda de que la información se filtró desde el interior de la Casa Blanca.

En el marco de la tensión bilateral, Estados Unidos ayer recordó a Rusia que viola desde 2014 un tratado que prohíbe los misiles de alcance intermedio.

Según el New York Times, que cita a altos funcionarios estadounidenses, Rusia desplegó este misil sobre todo en el sudeste del país, contradiciendo un tratado sobre las Fuerzas Nucleares Intermedias (FNI) firmado el 8 de diciembre de 1987 entre la Unión Soviética y EE.UU., que contribuyó al fin de la Guerra Fría.  

En 2014, Washington ya advirtió a Moscú tras un ensayo de misil terrestre de crucero, un arma prohibida por el tratado FNI. Como respuesta, el Pentágono informó en 2015 que estaba dispuesto a desplegar nuevos misiles en Europa.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, se negó a “comentar temas ligados a la inteligencia” militar. Sin embargo, destacó que su país “toma en serio sus compromisos internacionales y sus obligaciones en materia de control de armamentos”. (I)