En Grecia… ¿qué está colapsando?

En el siglo XX los economistas Robert Mundell y Bela Ballassa contribuyeron a esbozar la ‘ruta económica’ para una integración gradual entre países. Según aquella, la creación de una moneda común presupone el libre desplazamiento de bienes, capitales y trabajadores al interior de un territorio determinado. Siguiendo esa lógica, durante décadas, políticos y académicos discutieron si era posible conformar un ‘área monetaria óptima’ en Europa. Aunque el debate no arrojó conclusiones definitivas, el impulso integracionista no pudo ser detenido.

Sin desconocer la importancia de las condiciones materiales necesarias para converger en un solo espacio económico supranacional, los países europeos convirtieron la política en el medio, la fuente, el motor y la motivación de su acercamiento. Entre las opciones de integración se avizoró entonces una ‘ruta política’ desde la cual la voluntad ciudadana y la acción pública crearían esas condiciones, incluso allí donde no existiesen. La integración monetaria apareció así como un medio para realizar la paz entre naciones u otras aspiraciones compartidas. La moneda común sería no tanto el efecto espontáneo de los mercados sino el resultado deliberado de decisiones a múltiples niveles.

¿Qué implicaba esto? Además de su legitimación mediante consultas populares, la moneda común requería la conformación de instituciones supranacionales que pudiesen ser responsables ante sus miembros pero sin dejarse capturar por intereses particulares. Esas instituciones debían viabilizar al Euro como un ‘bien público’. Pero no sucedió así.

Incluso antes de que la moneda común ingrese a circulación en 2002, se estaba desvaneciendo la fortaleza de las motivaciones iniciales de la integración europea. Luego, en manos de gobernantes conservadores, la utopía continuó disipándose cada vez más para poder coexistir con los regímenes económicos multilaterales, servir al capital financiero transnacional o adaptarse al surgimiento de China como potencia global.

Una vez que estuvo consolidada, la arquitectura del euro tenía las características suficientes para direccionar la gobernanza comunitaria en sentidos favorables a unos cuantos. Y así, hasta la fecha, se toman decisiones que permiten desplazar la desindustrialización, el desempleo, la pobreza y la austeridad hacia las periferias de la Unión Europea. El ajuste sucede donde las élites quieren y no donde debería suceder.

Nadie adquiere deudas sin conocimiento de otros. Por eso, en estricto sentido, Grecia no es el escenario de otro ‘Estado fracasado’. Allí están exponiéndose las características y límites de la integración europea… y su eventual colapso. (O)