En Georgia entra en vigor la ley contra inmigración

as organizaciones civiles en Georgia (EE.UU.) cumplieron ayer con su objetivo: muchos hispanos no fueron a trabajar ni realizaron compras  para rechazar la ley  HB87 que entró en vigor y que   busca regular la inmigración. Hoy se realizará una marcha en contra de la norma.

Entre las secciones de la ley se encuentra un artículo   que penaliza con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares a quienes utilicen una identificación falsa para obtener empleo en el Estado.

Sin embargo, las cláusulas más polémicas de la ley no empezaron a regir ayer, ya que el juez Thomas Thrash bloqueó esta semana la sección que permitía a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida y una que buscaba penalizar a quienes transporten o alberguen a indocumentados.

La decisión de Thrash, juez de la Corte Federal en Atlanta, capital de Georgia, fue recibida con alivio por los  inmigrantes, pero los activistas no se cruzaron de brazos, entre ellos los organizadores del boicot: la    Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (Glahr) y  la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Según Glahr, la comunidad latina, que son aproximadamente 850.000 personas en el estado norteamericano,  cumplió  con la convocatoria llamada: “Un día sin inmigrantes”. El llamado    ocasionó que 120 negocios cerraran sus puertas  y que algunas avenidas donde viven extranjeros, como la Buford Hwy o la Jimmy Carter, lucieran semivacías, porque  los hispanos permanecieron en sus casas.

Así lo confirmó también Pavel Chica,  presidente del Comité  Cívico Ecuatoriano,  a este diario. El compatriota destacó que grupos de latinos, entre ellos nacionales, prefirieron quedarse en casa como señal de respaldo a la medida.

Adelina Nicholls,   directora ejecutiva de Glahr, expresó que el mensaje  de la ley es claro: “Georgia no es más el Estado Durazno, ahora es el Estado del odio”.

La activista expresó a El Telégrafo que los más de 120   negocios que cerraron sus puertas ayer, como  cadenas de restaurantes, distribuidoras y servicios  de estética,  no trabajaron como señal de solidaridad, porque aprecian el poder de compra de sus consumidores.

Otros, en cambio, que abrieron sus establecimientos, colocaron letreros expresando su apoyo a la medida. Y es que  la comunidad latina   gasta al año 10.000 millones de dólares en   Georgia, lo que representa un poder de compra grande en el Estado  norteamericano, añadió.

Mientras tanto, otro evento espera hoy por los latinos. La   Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos alista hoy,  a las 11:00 (10:00 de Ecuador), en el centro de Atlanta,  una  marcha con el mismo fin: rechazar la  ley HB87.  Las personas se concentrarán frente al   Capitolio.

Adelina Nicholls calculó que la convocatoria a esta marcha reunirá a más de 20.000 personas,  11.000 más que el 24 de marzo pasado, cuando se realizó otra convocatoria similar  para rechazar la ley.

“Demostraremos el poder de la gente marchando el día 2 de julio. Para aquellos que pensaron que esta ley dividiría nuestras comunidades han despertado un movimiento”, resaltó    Paulina Hernández, de la agrupación SONG (Southern On New Ground).

“La lucha sigue. La hostil ley HB87 ya le ha hecho mucho daño a la economía y a la imagen de nuestro estado, ya no somos vistos por el resto el país como un estado que da la bienvenida a los inmigrantes, añadió  Azadeh Shashahanni, directora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles en Georgia.