En Georgia entra en vigor la ley contra inmigración
as organizaciones civiles en Georgia (EE.UU.) cumplieron ayer con su objetivo: muchos hispanos no fueron a trabajar ni realizaron compras para rechazar la ley HB87 que entró en vigor y que busca regular la inmigración. Hoy se realizará una marcha en contra de la norma.
Entre las secciones de la ley se encuentra un artículo que penaliza con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares a quienes utilicen una identificación falsa para obtener empleo en el Estado.
Sin embargo, las cláusulas más polémicas de la ley no empezaron a regir ayer, ya que el juez Thomas Thrash bloqueó esta semana la sección que permitía a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida y una que buscaba penalizar a quienes transporten o alberguen a indocumentados.
La decisión de Thrash, juez de la Corte Federal en Atlanta, capital de Georgia, fue recibida con alivio por los inmigrantes, pero los activistas no se cruzaron de brazos, entre ellos los organizadores del boicot: la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (Glahr) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Según Glahr, la comunidad latina, que son aproximadamente 850.000 personas en el estado norteamericano, cumplió con la convocatoria llamada: “Un día sin inmigrantes”. El llamado ocasionó que 120 negocios cerraran sus puertas y que algunas avenidas donde viven extranjeros, como la Buford Hwy o la Jimmy Carter, lucieran semivacías, porque los hispanos permanecieron en sus casas.
Así lo confirmó también Pavel Chica, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano, a este diario. El compatriota destacó que grupos de latinos, entre ellos nacionales, prefirieron quedarse en casa como señal de respaldo a la medida.
Adelina Nicholls, directora ejecutiva de Glahr, expresó que el mensaje de la ley es claro: “Georgia no es más el Estado Durazno, ahora es el Estado del odio”.
La activista expresó a El Telégrafo que los más de 120 negocios que cerraron sus puertas ayer, como cadenas de restaurantes, distribuidoras y servicios de estética, no trabajaron como señal de solidaridad, porque aprecian el poder de compra de sus consumidores.
Otros, en cambio, que abrieron sus establecimientos, colocaron letreros expresando su apoyo a la medida. Y es que la comunidad latina gasta al año 10.000 millones de dólares en Georgia, lo que representa un poder de compra grande en el Estado norteamericano, añadió.
Mientras tanto, otro evento espera hoy por los latinos. La Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos alista hoy, a las 11:00 (10:00 de Ecuador), en el centro de Atlanta, una marcha con el mismo fin: rechazar la ley HB87. Las personas se concentrarán frente al Capitolio.
Adelina Nicholls calculó que la convocatoria a esta marcha reunirá a más de 20.000 personas, 11.000 más que el 24 de marzo pasado, cuando se realizó otra convocatoria similar para rechazar la ley.
“Demostraremos el poder de la gente marchando el día 2 de julio. Para aquellos que pensaron que esta ley dividiría nuestras comunidades han despertado un movimiento”, resaltó Paulina Hernández, de la agrupación SONG (Southern On New Ground).
“La lucha sigue. La hostil ley HB87 ya le ha hecho mucho daño a la economía y a la imagen de nuestro estado, ya no somos vistos por el resto el país como un estado que da la bienvenida a los inmigrantes, añadió Azadeh Shashahanni, directora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles en Georgia.
