El afianzamiento de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está condicionado, principalmente, al cumplimiento de uno de los acuerdos que firmó esa guerrilla en proceso de desmovilización con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos: el desarrollo rural dels país.

Según el economista Camilo González Posso, esto ocurre porque en el campo colombiano radica el origen del conflicto armado que ha vivido el país durante 52 años; y ahí también puede estar su solución.

“La paz con las FARC es la oportunidad que tenemos para volcar la inversión al campo y comenzar a atacar, en serio, los rezagos que permitieron que estallara la guerra”, explica a EL TELÉGRAFO el exguerrillero del M-19 y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Para González Posso, la consolidación de la paz con ese grupo que se transformará en partido político necesita, en primer lugar, que el Gobierno cumpla el acuerdo de desarrollo rural, lo que requerirá una inversión de $ 2.670 millones al año en la próxima década; un valor equivalente al 1% del PIB.

Ese acuerdo, que forma parte del gran documento que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, el 26 de septiembre en Cartagena, contempla el reparto de 3 millones de hectáreas de tierra a los campesinos pobres.

Además, el Gobierno colombiano se comprometió a titularizar (legalizar) otros 7 millones de hectáreas de tierra a pequeños campesinos.

El presidente del Indepaz considera que el reparto y la titulación de tierras contemplados en el acuerdo de paz con las FARC son medidas positivas, aunque “no tienen un talante redistributivo profundo”.

Señala que se necesita que esas tierras sean un punto de partida para un proyecto más ambicioso de inversión social y productiva en el campo, que es donde nació y donde más ha golpeado el conflicto armado.

En los últimos 20 años, familias campesinas han sido despojadas de 6,6 millones de hectáreas de tierra, equivalentes al 12% de toda la superficie agropecuaria del país. Ese despojo estuvo a cargo de paramilitares y latifundistas.

Las FARC, que deberán concluir su proceso de desarme dentro de seis meses, nacieron precisamente por los conflictos agrarios con una proclama que exigía el reparto de tierras a campesinos pobres.

Esa guerrilla se fundó en 1964, por un puñado de campesinos de origen liberal que fueron atacados por el Ejército el 27 de mayo de ese año, por orden del presidente conservador de la época, Guillermo León Valencia.

Desde entonces, la inequidad sobre la propiedad de la tierra no ha cambiado mucho en Colombia.

Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 1,4% de los propietarios rurales es dueño de la mitad de la superficie agropecuaria del país. (I)

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