Bogotá.- En Colombia se han registrado cerca de 26.000 víctimas de desaparición  forzada en los últimos 43 años, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Estas cifras incluyen a personas involucradas en la presunción de delitos de trata de personas, secuestro, desaparición forzada, así como personas desaparecidas sin información y casos pendientes de verificación de identidades, tal como es considerado en la clasificación del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec).

En el marco de la ‘Semana Contra la Desaparición Forzada’ se reporta que al número de desaparecidos en el país, reportados por el Sirdec, se  han incorporado cerca de 5.000 registros obtenidos por el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación.

Del total de víctimas de este delito, en Colombia continúan desaparecidas 19.688 personas, es decir el 94%. El Centro Nacional de Memoria Histórica considera que esta situación se presenta debido a las modalidades empleadas por los perpetradores para ocultar los cuerpos, como entierros en fosas comunes ilegales, alejadas y de difícil acceso.

Gonzalo Sánchez, director del Centro, destaca a Vanguardia, “el objetivo de las actividades de esta semana, es poner a los ojos de toda la sociedad e institucionalidad colombiana, la forma de victimización quizá más atroz y la más invisible que ha existido en la historia del conflicto colombiano”.

Por su parte, Gloria Luz Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos -Desaparecidos (Asfaddes), asegura que “siguen existiendo casos de desaparición forzada, de total impunidad, una falta de voluntad política para buscar rápidamente a las personas, rescatarlas con vida y devolverlas a sus hogares”.

Gómez comentó que unas 20 organizaciones de familiares de desaparecidos han hecho un llamado al Gobierno para que los casos sean esclarecidos y que el tema sea abordado durante el proceso de paz que negocia con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana.

La desaparición forzada es un delito que, en el derecho internacional, solo se imputa a agentes estatales, pero la legislación colombiana, específicamente el Código de Procedimiento Penal, extiende la responsabilidad de este crimen a actores armados ilegales.

Según el Centro de Memoria, de estas desapariciones son atribuidas a paramilitares, guerrillas, agentes del Estado y criminales organizados. Más de la mitad de los registros, tanto del Sirdec como de organizaciones sociales, no cuentan con información sobre el posible responsable y existe un subregistro y contradicciones entre los diferentes sistemas de información.

Sobre los lugares de las desapariciones forzadas el departamento de Antioquia ha registrado el 24%, seguido por el Valle del Cauca con el 7%. Meta, Nariño y Putumayo, el 6% cada uno. En el caso antioqueño, los municipios más afectados han sido Medellín, Turbo, Puerto Berrío, Apartadó y Tarazá.

Buenaventura y Tumaco son 2 municipios en los que se han incrementado, dramáticamente, las desapariciones forzadas en los últimos 5 años. Los registros de desaparecidos en Buenaventura han superado a los de Cali, mientras que Tuluá continúa siendo tan afectado como en los años más agudos de las décadas del 80 y 90.

De los más de 1.100 municipios del país, 813 han registrado desapariciones forzadas en los últimos 43 años. En 107 municipios se concentran 2 terceras partes del total. En 2001, 417 municipios registraron esta victimización; en 2002 fueron 416. El contraste con los últimos años es notable, si se considera que en 2012, 91 municipios reportaron al menos una desaparición.

El informe señala que Putumayo, Catatumbo, Antioquia y Valle son algunas de las zonas más afectadas que, además, presentan un alto subregistro, por lo que los casos serían más que los reportados.