La asociación que asiste en Colombia a militares implicados en procesos penales se apartó de la defensa judicial técnica de un suboficial del Ejército implicado en la violación de una niña y su asesinato junto a dos hermanos de la menor, informaron este viernes responsables de la organización de juristas.

Sin embargo, la llamada Defensoría Militar (Demil) aclaró que ejercerá una "veeduría constante" al caso de Raúl Muñoz Linares, subteniente acusado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal violento y acceso carnal abusivo.

En una comunicación conocida en la capital colombiana, el director general de la Demil, Jean Carlo Mejía, anunció que su asociación "se retira de la defensa judicial técnica" de Muñoz, la cual había asumido desde el pasado 21 de enero.

La retirada de la Demil se produjo en las horas previas a la instalación en Bogotá de la audiencia preparatoria del juicio contra el suboficial en un juzgado de conocimiento.

La vista fue aplazada ante el cambio en la defensa del militar, quien fue detenido a finales del año pasado como presunto responsable de la violación y los homicidios de los menores.

Los hechos se registraron el 14 de octubre del año pasado en un paraje rural de Tame, localidad del departamento del Arauca (este)

Las víctimas eran Yenni, de 14 años; Yimmy, de 9 años, y Yefferson Torres, de 6, quienes fueron encontradas degolladas y con signos de tortura en una fosa común a unos cien metros del lugar en el que habían acampado unas patrullas militares de las que hizo parte el subteniente Muñoz.

El militar fue detenido varias semanas después como presunto responsable de los hechos, cuya investigación fue asumida por la asesinada jueza Gloria Constanza Gaona, titular del Juzgado Penal del Circuito de Saravena, población vecina a la de Tame.

La jueza fue tiroteada el 22 de marzo pasado en las calles de Saravena, por lo que el Gobierno y la apoderada de la familia de los niños muertos pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que trasladara el caso a Bogotá, lo que fue autorizado el 8 de abril siguiente.

En su caso, la jurista Olga Lilia Silva, representante de la familia de los niños, ratificó ante la CSJ una denuncia previa sobre irregularidades en el proceso por parte de la defensa del militar, tales como "maniobras dilatorias, desleales, irrespetuosas y temerarias con los sujetos procesales e intervinientes".

Entre las irregularidades mencionó una visita de abogados de la Demil que defendían al uniformado al lugar de los crímenes, al que viajaron en un helicóptero del Ejército y se presentaron como funcionarios de la Defensoría del Pueblo.