Las autoridades de cuatro provincias chinas se niegan a proporcionar asistencia médica a niños intoxicados con plomo, impiden o dificultan las pruebas necesarias para detectar el problema e intimidan a los padres que piden explicaciones, revela este miércoles en un informe Human Rights Watch (HRW).

El documento de la ONG se basa en los testimonios -recogidos entre 2009 y 2010- de 52 padres y abuelos de niños contaminados con altos niveles de plomo por vivir cerca de fábricas en zonas rurales y pobres de las provincias de Henan, Hunan (centro), Shaanxi (norte) y Yunnan (sur).

El último caso revelado por la prensa oficial china el pasado domingo se refiere a 600 intoxicados con plomo en la provincia oriental china de Zhejiang, entre los que figuran 103 niños, hijos de los obreros de una planta de procesamiento de láminas metálicas.

El alto nivel de plomo en la sangre puede causar daños al cerebro, hígado, riñones, nervios y estómago, así como anemia, coma, convulsiones e incluso la muerte.

En los niños, además, puede provocar discapacidades intelectuales y de desarrollo permanentes, incluidas las dificultades para la lectura y el aprendizaje, problemas de atención y trastornos en el desarrollo de las funciones visuales y psicomotrices.

Según HRW, la mayoría los niños a los que se hicieron pruebas para determinar si estaban contaminados en las cuatro provincias recogidas en el informe dieron como resultado niveles de plomo de hasta 40 miligramos por decilitro de sangre.

Por encima de 45 miligramos por decilitro es necesario recibir tratamiento médico en menos de 48 horas, pero los padres y abuelos entrevistados señalaron que lo que les recetaron en muchos casos fue tomar más leche, ajo y manzanas, se señala en el documento.

Cuando los niños recibieron tratamiento, los padres no supieron precisar qué medicina habían dado a sus hijos y, en cualquier caso, el informe señala que se trató de tratamientos esporádicos, mientras que la exposición al plomo fue continua.

Las fuentes de contaminación -fábricas situadas junto a viviendas- siguieron produciendo con normalidad o fueron cerradas durante un tiempo para reanudar su producción poco después, ante una población sin recursos económicos para cambiar de residencia.

Las autoridades locales ofrecieron la posibilidad de hacer las pruebas para detectar plomo en sangre de forma gratuita, pero muchos de los niños fueron rechazados porque no vivían a menos de un kilómetro de las fábricas, cuando el radio de contaminación era mucho mayor, según HRW.

Incluso a muchos de aquellos padres que quisieron pagar por las pruebas se les negó esa opción, se relata en el informe, por lo tuvieron que ir a centros médicos fuera de sus zonas de residencia para hacer las pruebas a sus hijos y comprobar que, en efecto, estaban intoxicados.

Las protestas para recibir información o para pedir el cierre de las fábricas provocaron, según HRW, la reacción de las autoridades locales con detenciones, vigilancia y cárcel, en algunos casos de hasta seis meses, para los padres de los afectados.

La ONG denuncia además que en muchos casos las autoridades locales escondieron los resultados de las intoxicaciones o los falsearon.

El informe recoge incluso un caso en el que las autoridades locales escondieron a niños hospitalizados en Henan en un hotel para que no los viera un funcionario provincial que visitaba la zona.

HRW señaló que en los últimos 10 años han aparecido casos de envenenamientos masivos con plomo en toda China, por lo que el Ministerio de Protección del Medio Ambiente pidió a las autoridades locales aumentar la supervisión de las fábricas y anunció sanciones penales para quienes violen las restricciones medioambientales.

Sin embargo, para la ONG, "estas promesas son insuficientes y no abordan las consecuencias para la salud del envenenamiento por plomo ni el cumplimiento del derecho a la salud de los niños expuestos al plomo".

El problema no afecta sólo a los niños, ya que el documento recoge también los casos de dos adultos muertos, ambos trabajadores en las fábricas contaminantes.

Según los testimonios recogidos por HRW, los empleados a los que se les detecta niveles altos de plomo son despedidos sin ninguna compensación y tampoco se les ofrece tratamiento.