La ceremonia inició poco antes de las 23:00, como manda la costumbre. Parado sobre una marca con cinta en el piso, cual set televisivo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió en sus manos la bandera nacional. Miró de reojo; dio media vuelta y enfiló hacia el balcón que da al Zócalo.

La plaza principal del país lo esperaba concurrida, mas no repleta.

Con el rostro tenso, Peña Nieto hizo sonar la llamada Campana de Dolores desde el Palacio Nacional. Después recitó la fórmula que cada 15 de septiembre se escucha en pueblos y ciudades de este país.

“Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad”, dijo volteando hacia el piso. ¿Leía? La televisión siguió transmitiendo a detalle. “Viva Hidalgo”, y volvió a mirar al piso. Así siguió, consultando tal vez algún apunte para nombrar a cinco héroes patrios: “Viva Morelos. Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Allende. Viva Aldama”. Sin dejar de mirar hacia sus pies, agregó con más enjundia, “Viva la independencia nacional”.

Para el final, pero sin leer, lanzó tres “¡Viva México!”. Así terminó la ceremonia del “grito”, que recuerda el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla a una revuelta para independizar a México de la corona española.

Doscientos cuatro años después, Enrique Peña Nieto dio el segundo “grito” de su mandato entre arengas y rechiflas. Un ejemplo que puede ilustrar la situación de México por estos tiempos: un país dividido en opiniones. Porque el gobierno que inició el 1 de diciembre de 2012 presume de haber aprobado 11 reformas constitucionales, 5 de ellas estructurales, mientras intelectuales y periodistas consultados por EL TELÉGRAFO cuestionan el rumbo elegido. “México no es el país de antes, es el que ya se atrevió a cambiar”, afirmó el Presidente durante su segundo informe de gestión. Las reformas no son un trabajo cosmético sino un cambio profundo, apuntó Manlio Fabio Beltrones, uno de los hombres fuertes del gobierno y coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.

Un cambio que en opinión del académico John Ackerman, representa la pérdida de soberanía y dignidad por favorecer a Estados Unidos y empresas transnacionales. “Históricamente México había fungido como un escudo protector de la región contra la voracidad de Washington. Pero con la llegada de Peña Nieto, México se ha convertido definitivamente en la punta de lanza para el neocolonialismo estadounidense”.

Gloria Muñoz Ramírez, coordinadora del portal informativo Desinformémonos, dice que se trata de un capítulo más del neoliberalismo que comenzó a imponer el PRI en la década de los años 80. “Pero tenemos una consolidación y una mayor profesionalización para implementar estas reformas. Se están imponiendo a sangre y fuego, es literal. Hay muertos, hay encarcelados”.

Partidos aliados

Durante los primeros 20 meses de su mandato, Peña Nieto ha impulsado cinco reformas estructurales: energética, educativa, de telecomunicaciones, hacendaria, y político-electoral. Además, otros seis cambios constitucionales de menor talla: competencia económica, laboral, financiera, de transparencia, Ley de Amparo y Código de Procedimientos Penales.

Tan extensa es la lista y tan velozmente fue aprobada que muchos ciudadanos desconocen por completo las modificaciones a la Constitución Nacional y las consecuencias que ello tendrá en sus vidas.

En prácticamente todos los casos, el Poder Legislativo avaló fast track al punto de registrarse anécdotas como dos o cinco minutos de discusión de los proyectos, en las cámaras de algunos estados.

Pudo lograrlo el gobierno porque apenas al llegar al poder, en su segundo día de mandato, firmó el llamado ‘Pacto por México’. Una alianza entre el oficialismo, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el bloque que se autodefine como izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El acuerdo se deshizo más tarde, pero las reformas avanzaron sin mayores inconvenientes pese a los reclamos de los bloques minoritarios (Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo).

“Hay una complicidad de todas las fuerzas políticas de este país, que avalaron a partir de negociaciones de intereses con el PRI -dice Gloria Muñoz Ramírez-. Me atrevería a decir que no tenemos una oposición que nos esté proponiendo otro proyecto de nación. Por eso las reformas pasaron así, de manera aterciopelada. A nivel partidario no hubo una oposición sino complicidad. A nivel de los pueblos todavía falta ver porque no se ha dicho la última palabra. Las comunidades están a la defensiva, están en absoluta resistencia. Aún falta que se manifiesten los pueblos, los movimientos, las diferentes expresiones del México profundo”.

El fin de una era

Desde 1938, el 18 de marzo ha sido una fecha marcada en el calendario de los mexicanos. Un día de actos oficiales y ceremonias. En las escuelas los niños de todas las edades pintan carteles y hacen maquetas.

Por 76 años se ha conmemorado el aniversario de la expropiación petrolera, el momento en que la nación recuperó la propiedad de los hidrocarburos hasta entonces en manos de empresas extranjeras. Una conquista simbólica que además garantizó por décadas el funcionamiento del Estado mexicano, ya que su presupuesto se nutre al menos en el 40% de los ingresos petroleros.

Ahora muchos se preguntan, ¿podrá seguir celebrándose esa fecha?

Es que la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto puso fin a la propiedad exclusiva de la nación sobre esos recursos. Se autorizó que empresas privadas, nacionales y extranjeras, participen en adelante de la explotación del petróleo, el gas y la electricidad.

La más polémica de las decisiones, la que muchos pensaban nunca se concretaría, ya está firmada y en marcha. La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó de ser paraestatal para convertirse en mixta.

El Presidente ha reiterado que no habrá privatización del sector, mientras sus críticos denuncian que entregó los recursos al capital transnacional. “Pronto el águila y la serpiente (de la bandera mexicana) serán reemplazados por las barras y las estrellas de Washington o la insignia de ExxonMobil”, asegura John Ackerman. El filósofo, sociólogo y doctor en derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido uno de los férreos opositores a la reforma energética, por medio de sus columnas en dos de los medios más importantes del país, el periódico La Jornada y la revista Proceso. Pero también otros académicos han levantado la voz. Nicolás Domínguez Vergara, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), publicó por estos días un estudio donde afirma “si el objetivo principal de la reforma es aumentar la seguridad energética de Estados Unidos, entonces fue un éxito rotundo; si fue para asegurar la soberanía de México es un fracaso definitivo”.

Lanzó también advertencias: es incierta la cantidad de recursos que el ‘nuevo’ Pemex proveerá al Estado; es posible que surjan conflictos en el campo; no está claro si causará daños al medio ambiente y la salud de la población. Refutó al gobierno en su promesa de que bajarán los precios de la electricidad y el gas natural. En el aire quedan muchas preguntas, ¿cómo funcionará ahora un país que por cuatro décadas se sostuvo con la renta petrolera? ¿Cuánto afectará a la educación y la salud, que se mantenía con los ingresos de Pemex? ¿Qué consecuencias tendrá para la población la llamada desnacionalización?

También surgen dudas sobre las consecuencias de las demás reformas. Para la editora de Desinformémonos el futuro se vislumbra difícil: “Están vendiendo la soberanía, nos están quitando la historia y hay un estancamiento político y económico. Habrá una mayor tendencia de pobreza frente a unas cuantas familias que se enriquecen cada vez más. No es poco decir que tenemos a la familia más rica del mundo, no es un dato menor que tengamos en este país a la familia Slim”. Paradoja de estos tiempos en un México donde el 53,3% de la población vive en la pobreza y 8 de cada diez 10 sufren carencias, según datos oficiales.