Una mano saluda con energía desde una pequeña ventana de la cárcel. Es Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

Trepa sobre algo y logra asomarse, por un instante se ve su rostro que estuvo oculto en una prisión de máxima seguridad durante un año y diez meses. Así saluda a la protesta de unas cien personas que exigen su liberación, encabezadas por la escritora y periodista Elena Poniatowska.

“No debería estar ni siquiera presa, es una gran injusticia y es algo contra lo que tenemos que luchar. Considero que ella es una presa política y tienen que liberarla inmediatamente”, dice la ganadora del Premio Cervantes de Literatura en 2013, en improvisada conferencia de prensa mientras sostiene una pancarta que exige “Libertad, ¡ya!”.

Al encarcelar a disidentes como Nestora Salgado, señala Poniatowska, el gobierno muestra “su desesperación. Las cosas están tan mal en nuestro país que la única reacción del gobierno es el castigo, la persecución y la condena de gente que no ha cometido un crimen. Los criminales están en el gobierno y los que deberían estar en el poder deberían ser los ciudadanos”.

Nestora Salgado es símbolo de las policías comunitarias, grupos ciudadanos de auto-protección que se fundan en costumbres indígenas y tienen décadas de historia, pero se han multiplicado tiempos de inseguridad.

Al momento de su arresto, el 21 de agosto de 2013, ella era líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, región montañosa del Estado de Guerrero.

Desde entonces estuvo cerca de 22 meses recluida en una cárcel de máxima seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, ‘El Rincón’, en el estado de Nayarit. Desde allá denunció torturas y malos tratos.

Por intermedio de su familia y en breves llamadas telefónicas reveló que estuvo prácticamente aislada, obligada a permanecer dentro de una celda con la luz encendida durante el día y la noche, sin acceso a agua potable ni a las medicinas que requiere por problemas en la columna vertebral. Incluso aseguró que le administraban pastillas para mantenerla sedada.

En abril de 2014 la justicia federal la exculpó de las acusaciones de secuestro agravado y al considerarla inocente dictó “auto de formal libertad”, pero sigue presa por cargos que impulsa el gobierno del Estado de Guerrero.

Ante los malos tratos y el nulo avance de la causa, el pasado 5 de mayo Nestora Salgado inició una huelga de hambre. Logró atraer la atención de la opinión pública y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dispuso medidas cautelares.

Con el caso en la portada de los periódicos y gracias a la presión creciente, en estos días fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en Ciudad de México.

Aquí recibe atención médica y numerosas visitas que incluyen a personalidades como Elena Poniatowska, la feminista Marta Lamas, la directora de teatro Jesusa Rodríguez y la compositora Liliana Felipe.

Este jueves también llegó a la cárcel el gobernador interino del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega, quien le prometió traslado y mejores condiciones de reclusión para los demás líderes de la CRAC que se encuentran presos, Gonzalo Molina y Arturo Campos.

Por esa razón Nestora Salgado suspendió su ayuno de 30 días, pero “está dispuesta a volver a empezar la huelga de hambre” si sus compañeros no reciben mejoras a la brevedad. Así lo advirtió en un mensaje enviado por medio de su hija Grisel Rodríguez.

“¡Nestora, aguanta, el pueblo se levanta!”, gritaron afuera del penal los asistentes a la manifestación. “El pueblo de Olinalá fue quien eligió a Nestora para que fuera nuestra comandante.

Con la policía comunitaria la delincuencia bajó un 95%, pero al gobierno no le gustó eso”, explicó Giovanni Salgado, también policía comunitario.

Sandino Rivero, abogado de la líder social, aseguró que la mantienen presa por razones políticas y no jurídicas.

“El asunto es tan político que el fiscal del Estado tiene tres órdenes de aprehensión y no las ha hecho efectivas, las administra. Es tan político que la visita el gobernador y le promete acciones”.

Rivero explicó a EL TELÉGRAFO que Nestora Salgado enfrenta ahora tres procesos del fuero común donde “las acusaciones no tienen sustento real ni jurídico.

Ella actuaba en el marco de la legalidad, acorde a la Ley 701 del Estado de Guerrero”. Enumeró también diversas violaciones al debido proceso como cargos basados en pruebas no válidas, traslado a cárcel sin cumplir requisitos de ley y no asistencia consular pese a contar con ciudadanía estadounidense.

En casi dos años de proceso, dijo, ninguno de los acusadores ha ratificado las denuncias en su contra. (I)