El Gobierno colombiano y el opositor partido Centro Democrático (CD), principal promotor del ‘No’ a lo pactado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), iniciaron contactos para emprender una negociación política tendiente a salvar los acuerdos de paz que rechazaron los votantes en el plebiscito del domingo pasado.

Los representantes designados por el presidente Juan Manuel Santos para dialogar con los voceros del CD dijeron que están a la espera de que ese partido opositor, que lidera el exmandatario Álvaro Uribe, les haga llegar el listado de puntos de los acuerdos de paz con los cuales tienen inconformidad.

Los delegados de Uribe ante el Gobierno, Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, dijeron que ya trabajan en ese documento y que en las próximas horas se lo harán llegar a los representantes de Santos, que son la canciller María Ángela Holguín, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el jefe del equipo de negociadores con las FARC, Humberto de la Calle.

Pero como un avance del camino cuesta arriba que deberá transitar la negociación política, el CD ya comenzó a cuestionar lo que está dispuesto a hacer el Gobierno para salvar los acuerdos con esa guerrilla.

En un comunicado, el partido uribista le preguntó a Santos si está dispuesto “a corregir los puntos en los que ciudadanos del ‘No’ expresamos preocupaciones”.
La respuesta la dio la canciller Holguín durante una rueda de prensa en la que dejó en claro que la decisión de renegociar o no los acuerdos de paz firmados el lunes 26 de septiembre en Cartagena corresponde a las FARC.

Dijo que lo que debe ocurrir ahora es que el CD presente sus objeciones a lo pactado con esa guerrilla para ver “si las FARC están dispuestas a reabrir el proceso, a reabrir el acuerdo y a mirar esa negociación nueva”.

Holguín, quien formó parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con las FARC, advirtió que si el diálogo resulta infructuoso “todo vuelve a como estaba antes”, es decir, a la guerra pues “la posibilidad de la paz y de si el país puede vivir en paz está en los colombianos y en las fuerzas políticas que movieron el ‘No’”.

El ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que los representantes del expresidente Uribe deberían incorporar al equipo de negociadores del Gobierno y plantear sus objeciones a los acuerdos de paz directamente a las FARC en La Habana, sede de los diálogos y donde se encuentran los jefes de esa guerrilla.

Pero Uribe descartó esa posibilidad al señalar que la negociación ante las FARC es una facultad exclusiva del Gobierno y que el Centro Democrático se limitará a expresar sus objeciones a los acuerdos ante los representantes designados por Santos. “Expresaremos los puntos y esperamos que el Gobierno introduzca los correctivos”, indicó el expresidente en su cuenta de Twitter.

Uribe ya descartó convocar a una Asamblea Constituyente para replantear los acuerdos de paz y se pronunció, en cambio, por “hacerles unos correctivos rápidamente”. Además, propuso que mientras se avanza en una negociación, se amnistíe a los guerrilleros de las FARC que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, y se les brinde protección.

Las FARC, por su parte, insistieron desde La Habana en que los acuerdos de paz son “inmodificables” porque tienen carácter de Acuerdo Especial y se mantuvieron en la tesis de que el plebiscito del domingo, en el que ganó el ‘No’, tiene efecto político, pero no jurídico.

El jefe insurgente Carlos Antonio Lozada, uno de los negociadores de la guerrilla en La Habana, aseguró ayer en su cuenta de Twitter que “tener voluntad de paz no significa que el acuerdo ya firmado se pueda modificar”.

Y el abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, dijo a EL TELÉGRAFO que el acuerdo de paz es “inmodificable desde el punto de vista del derecho internacional” porque fue firmado como Acuerdo Especial y depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza, en Berna, lo que le confiere rango de tratado internacional. (I)

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PROPUESTA DE AMNISTÍA

El senador Álvaro Uribe propuso al Senado una amnistía a los miembros de las FARC, lo que se contempla en los acuerdos de paz, que fueron rechazados el domingo.

Durante la presidencia de Uribe (2002- 2010) recrudeció la persecución contra la insurgencia a través de una campaña militar entre el Ejército y los grupos paramilitares, por lo que Uribe cuenta con varios procesos abiertos en tribunales colombianos.

De concretarse la amnistía, el senador sería uno de los beneficiados ya que varias de las causas pendientes quedarían sin castigo y podría seguir ejerciendo cargos públicos.