El vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Congreso, Jairo Estrada, considera que existe el riesgo de que la Corte Constitucional revierta aspectos sustanciales de las leyes derivadas del acuerdo de paz que suscribieron esa guerrilla y el Gobierno colombiano en noviembre pasado.

En entrevista con EL TELÉGRAFO, el vocero legislativo de la guerrilla en proceso de desarme sostiene que esa posibilidad cobró fuerza con la reciente decisión del tribunal de autorizar al Congreso hacer cambios en  las legislaciones para poner en marcha los acuerdos.

“Ese fallo (adoptado el 17 de mayo) nos indica que puede haber una nueva mayoría en la Corte Constitucional que sea desfavorable a los acuerdos de paz y que al revisar las leyes que emanan de los acuerdos consideren inconstitucionales algunas de sus partes”, dice Estrada, un historiador, jurista, doctor en ciencias económicas y profesor en la Universidad Nacional de Colombia.

¿Y por qué a las FARC les preocupa un giro de la Corte?

Porque se incorporaron a la Corte Constitucional dos nuevos magistrados, y uno de ellos, Carlos Bernal, inclinó la balanza a favor de autorizar al Congreso modificar las iniciativas de ley que presente el gobierno para implementar los acuerdos de paz. Esto es un error jurídico, porque el Congreso puede acabar por cambiar, en las leyes que apruebe, aspectos sustanciales de los acuerdos.

Incluso, la demanda que falló favorablemente la Corte la presentó el senador uribista Iván Duque, un abierto opositor de los acuerdos de paz.

Así es. Él es parte de la oposición a ultranza de los acuerdos de paz, y la mayoría de la Corte (cinco de nueve magistrados) aceptó algunos de sus argumentos y le dio al Congreso la facultad de modificar las leyes de la paz y de votar artículo por artículo esas leyes, lo que se presta a todo tipo de maniobras dilatorias por parte de la derecha legislativa.

¿Qué efectos tendrá la decisión de la Corte Constitucional sobre los acuerdos de paz?

El fallo tiene consecuencias muy complicadas para el momento actual del proceso. Esto, porque genera incertidumbres acerca de cómo va a ser, en adelante, el trámite de los proyectos de reforma constitucional y legal que se deben discutir en el Congreso. Pero hay una segunda preocupación que es más seria.

¿Los cambios en la Corte?

Como sabemos, a principios de mayo se incorporaron dos nuevos magistrados a la Corte (los eligió el Senado de ternas presentadas por el presidente Juan Manuel Santos). Uno de ellos, Carlos Bernal, ha aparecido en un video del año pasado criticando el acuerdo de paz. Entonces sus decisiones sobre lo que tenga que ver con ese acuerdo van a ser políticas, no jurídicas.

¿Bernal podría inclinar la balanza a favor de una mayoría conservadora en la Corte?

Preocupa que se configure en la Corte Constitucional una mayoría que sea adversa a la implementación de los acuerdos. Esto no lo podemos aún definir, pero los cambios que se han producido recientemente y los que faltan por definir nos llevan a pensar que toca mirar con mayor detenimiento qué es lo que va a pasar en adelante con los fallos de la Corte. El Congreso eligió ayer como nueva magistrada de la Corte a Diana Fajardo, quien aparentemente es partidaria del proceso de paz.

Esto es fundamental porque todas las leyes de la paz que apruebe el Congreso las revisará la Corte Constitucional…

Hasta ahora la Corte no ha fallado sobre aspectos sustanciales que ya se han aprobado en el Congreso, como la ley de amnistía a guerrilleros, los tribunales especiales para la paz, el estatuto de la oposición y la incorporación de las FARC a la política. Preocupa mucho cómo van a ser esos fallos, porque el veredicto sobre las facultades del Congreso para cambiar las legislaciones de la paz genera incertidumbre sobre fallos futuros.

¿La Corte Constitucional tendrá un mayor peso en el proceso de paz?

Desde luego. Tendrá un papel mucho más central en este tema. Y hay que preguntarnos si habrá fallos en derecho o estos serán más políticos. Pero además de ese nuevo escenario que abrió la Corte están los retrasos en la implementación de los acuerdos, lo que obligó a postergar 21 días el plazo de desarme de las FARC. Ahora terminará el 20 de junio.

Lo que se ha acordado es una hoja de ruta para dar impulso a la implementación. El problema no solo son las normas, sino su aplicación efectiva. Hay que acelerar las amnistías a los guerrilleros presos y terminar la construcción de las 26 zonas veredales (donde las FARC hacen su desarme).

Según los nuevos plazos acordados por el gobierno y las FARC, el desarme y la reincorporación de excombatientes a la vida civil terminará en agosto. ¿En ese mes las FARC se convertirán en partido político?    

Las FARC tienen toda la voluntad de hacer el congreso constitutivo de su partido en agosto. Estaba previsto para mayo, pero las circunstancias obligaron a aplazarlo. A quien menos les interesan estos retrasos es a las propias FARC, porque esta guerrilla tiene la intención de participar en las elecciones (legislativas y presidenciales) de 2018, y entre más se demore la conformación de su partido, más dificultades tendrá.

¿Qué ha faltado para traducir los acuerdos de paz en hechos?

Que los poderes públicos colaboren armónicamente en el propósito del Estado de hacer la paz. La Corte Constitucional debe facilitar una implementación rápida de los acuerdos y el Congreso tiene que acelerar la aprobación de leyes.

¿Está en riesgo el proceso de paz?

La decisión de las FARC de transitar a la vida política legal no tiene reversa y el proceso no está en juego. Pero hay que cuidar que ese tránsito se haga cumpliendo las condiciones que se habían acordado. Eso es todo. (I)