La propuesta francoalemana de incluir la denominada "regla de oro" o techo de déficit en las Constituciones de los 17 miembros de la eurozona es un proyecto que preparan ya algunos países pero que se enfrenta a una serie de trabas jurídicas y políticas en otros.

Alemania ancló ya a comienzos de 2009 en su Constitución lo que bautizó como el "freno al endeudamiento", artículo que entró en vigor al comenzar este año y cuyo objetivo es forzar por ley que se logre un equilibrio presupuestario.

Se trata del artículo 109, párrafo 3 de la Ley Fundamental Alemana, en el que se establece que, a partir de 2016, el déficit del presupuesto del Estado no puede superar el 0,35 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Para los 16 estados federados, se ha ampliado hasta 2020 el plazo para alcanzar el déficit cero.

Excepciones a esa norma, sólo se permiten en casos de catástrofes naturales o recesiones graves.

Pero mientras que en Alemania el desarrollo de este artículo requirió años de debates, la propuesta presentada ayer por la canciller, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, pretende que los socios de la eurozona tengan ultimados sus respectivos proyectos hasta finales del verano de 2012.

Los obstáculos que plantea una reforma constitucional se pueden ver ahora mismo en la propia Francia, donde Sarkozy lucha por obtener el respaldo necesario para cualquier enmienda, los tres quintos de las dos cámaras legislativas

Sarkozy está lejos de tener garantizada esta mayoría, puesto que la oposición se ha pronunciado repetidamente en contra.

Pese a todo, el presidente francés afirmó hoy que tratará de consensuar esta iniciativa con el resto de partidos, y que de no lograrlo, la incluirá como propuesta electoral para la campaña de las Presidenciales del próximo año, con el objetivo de obtener así el refrendo popular.

También en Italia se debate ya esta cuestión, después de que el pasado 5 de agosto el primer ministro, Silvio Berlusconi, la describiera como uno de los pilares básicos de las reformas anunciadas ante la presión de los mercados.

Esa propuesta de reforma constitucional, que requeriría para su aprobación a una mayoría parlamentaria de dos tercios, obligó a que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Cuentas de la Cámara Baja y Alta celebraran una sesión extraordinaria el pasado jueves, en la que compareció el ministro de Economía y Hacienda, Giulio Tremonti.

El titular de Finanzas explicó que esa la aplicación de esa iniciativa conllevaría un cambio en el artículo 81 de la Constitución de Italia de 1948 y que el Gobierno la promovía de acuerdo con el compromiso alcanzado ya entonces por los líderes europeos.

El caso de España es particular, pues si bien en la Constitución Española no está establecido el techo de gasto, el Gobierno lo aprueba cada año en Consejo de Ministros como decreto ley y lo eleva al Congreso y el Senado, que tienen que ratificarlo.

Tras la propuesta francoalemana, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró a Efe que los cambios en la Constitución son más fáciles de llevar a cabo en unos países que en otros y que lo importante es que todos los Estados se comprometan con esa "regla de oro", independientemente del instrumento legal que se utilice.

Pero mientras que en estos países, el techo de la deuda ya es un debate, en otros todavía ni se plantea, entre otros motivos por falta de las mayorías necesarias para ello.

Uno de ellos es Bélgica, donde desde hace más de un año ni siquiera hay un Gobierno estable, lo que hace prácticamente imposible una reforma constitucional, tarea ya de por si hercúlea.

Para modificar la Constitución en Bélgica es necesario primero decidir qué artículos se quieren modificar; a continuación, disolver el Parlamento y luego convocar elecciones.

El Parlamento que se forme tras esas elecciones debe iniciar un proceso de discusión sobre la lista de artículos a modificar y votar el cambio por mayoría de dos tercios.

"No es el mejor momento para cambiar la constitución en Bélgica y si se hace la prioridad es resolver el problema institucional y no para satisfacer a la UE, Francia o Alemania", señaló hoy a Efe Regis Dandoy, investigador de estudios políticos de la Universidad Libre de Bruselas.

En Austria las dificultades se plantean similares, puesto que una modificación de la Constitución sólo se produce por medio de un referendo, como el que se celebró en junio de 1994 para decidir si el país ingresaba en la Unión Europea.

En caso de lograrse un "sí" popular al proyecto en cuestión, la enmienda en sí requiere del apoyo de dos tercios del Parlamento.

Un problema añadido es que el Gobierno actual de "gran coalición entre socialdemócratas y conservadores controla 108 de los 183 escaños del Parlamento, insuficiente para incluir lograr la enmienda si no es con el apoyo de alguna formación opositora.