En una votación apretada, 5-4, los jueces del Supremo reafirmaron que la decisión tomada al respecto en enero de 2010 se aplique también a las leyes de los estados sobre financiación de campañas, y defendieron el derecho de las empresas y sindicatos a emplear libremente sus activos a favor o en contra de los candidatos a cargos estatales o locales.

Un tribunal del estado de Montana había restablecido las restricciones en las donaciones, pero el Supremo revocó la decisión, que era respaldada además por otros 22 estados y por el Distrito de Columbia.

Los mismos cinco jueces que apoyaron la medida argumentaron en 2010 que las corporaciones tienen el derecho constitucional a ser escuchadas en las campañas electorales, basándose en el derecho a la libertad de expresión.

Esa decisión allanó el camino para un gasto ilimitado por parte de corporaciones y sindicatos en las elecciones legislativas y presidenciales, siempre y cuando el dinero sea independiente de los equipos de campaña de los candidatos.

Los conocidos como "PAC" (comités de acción política), que datan de 1944 y aumentaron en las décadas de 1970 y 1980, permiten que miembros de empresas, sindicatos y simpatizantes de un candidato creen un fondo común para apoyar su campaña, pero bajo su amparo los estadounidenses solo podían donar un máximo de 2.500 dólares directamente a un candidato.

En cambio, con los llamados "Super PACs", grupos creados a raíz de los dictámenes de 2010, los sindicatos y empresas pueden donar dinero sin límites, y sus fondos pueden gastarse de cualquier modo con el objetivo de lograr la victoria o derrota de un candidato federal.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha expresado su oposición a la inversión ilimitada en diversas ocasiones, algo que él considera como una amenaza a la democracia por el "posible control corporativo" de las elecciones.
Se calcula que 250 "Super PACs" gastarán en su conjunto hasta 1.000 millones de dólares en el actual ciclo electoral de 2012.