El mexicano Humberto Leal fue ejecutado hoy con una inyección letal en Texas después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. se negara a detener su muerte y al silencio del gobernador Rick Perry, quien pudo haber concedido una suspensión de 30 días, informaron a Efe los abogados del reo.

Leal fue declarado muerto a las 06.21 hora local (23.21 GMT) en la prisión de Huntsville, la más antigua de Texas y donde el estado lleva a cabo las ejecuciones.

Su fallecimiento tuvo lugar diez minutos después de que comenzara a fluir la inyección letal.

"Lamento todo lo que he hecho, todo el daño que he ocasionado a mucha gente", fueron algunas de las últimas palabras de Leal.

"Por años no pensé que merecía ningún tipo de perdón. Me responsabilizo totalmente por esto", añadió el mexicano de 38 años originario de Monterrey, condenado a la pena capital en 1994 por la violación y asesinato de la joven Adria Sauceda, de 16 años.

Poco antes de morir se dirigió a los familiares de la víctima a los que dijo lamentar todo el daño que les había ocasionado.

"Por favor perdónenme. Siento lo que hice, pido su perdón", indicó, para dirigirse a continuación al fiscal a quien también pidió perdón.

"Yo le dije un día que la vida continúa y ciertamente continúa", afirmó Leal, quien gritó dos veces "Viva México" antes de mirar a los guardias en la sala para decirles: "Estoy listo guardias. Hagamos que el espectáculo continúe".

Sandra Babcock, quien encabezaba la defensa de Leal, dijo a Efe que "EE.UU. no cumplió con su compromiso de hacer valer la ley y trágicamente el señor Leal sufrió las consecuencias".

La abogada indicó que el reo mexicano "fue ejecutado esta noche a pesar de que sus derechos a la asistencia consular fueron violados".

Añadió que de haber contado con esa asistencia durante el juicio en 1995, Leal "habría tenido una oportunidad de real de probar que no era culpable de asesinato".

Leal recibió esta mañana las últimas visitas de sus amigos y familiares, entre ellos su hermana Mary, quienes estuvieron con él un par de horas en una sala especial para estos casos, dotada de cristales blindados.

El reo eligió como última cena tacos de carne asada, pollo frito, pico de gallo y coca colas.

México aducía que Leal no dispuso tras ser arrestado de ayuda consular, lo que viola la Convención de Viena.

En agosto de 2008, la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín fue pospuesta más de tres horas hasta que el Tribunal Supremo en un voto muy ajustado se decidió por la muerte.

La Corte Suprema indicó en aquella ocasión que, para detener las ejecuciones de mexicanos, los legisladores debían aprobar una norma con los mecanismos necesarios para obligar a los estados a cumplir con el "Fallo Avena" de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

La CIJ ordenó en 2005 a Estados Unidos la revisión de los casos de 50 mexicanos condenados a muerte.

El fallo de esta corte se basaba en que Estados Unidos incumplió en esos casos el artículo 36 de la Convención de Viena, que obliga a notificar a los extranjeros detenidos de su derecho a recibir asistencia consular.

La diferencia entre el caso Medellín y el caso Leal es que ya se ventila en el Congreso la Ley para el Cumplimiento de la Notificación Consular 2011, que brindaría los mecanismos para hacer cumplir a los estados con el fallo "Avena".

Las autoridades de Texas se niegan a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar ni las leyes estatales ni las de Estados Unidos y que el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.

El Gobierno de México y los abogados de Leal presentaron el pasado 28 de junio un recurso "amicus curiae", con el argumento de que no se debe permitir al estado de Texas pasar por encima de los derechos constitucionales del reo.

El 1 de julio el Gobierno de EE.UU. planteó el mismo recurso para suspender la ejecución hasta que se revisara el caso del mexicano, por el que intercedieron también el Consejo de Europa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, los Gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales.