El Gobierno de Ecuador evalúa la decisión del presidente Donald Trump de rescindir el DACA, programa que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Unos 6.696 jóvenes ecuatorianos se han acogido al plan vigente desde 2012.

“Estamos haciendo un análisis, porque entendemos que no es retroactivo (...), lo que afectaría es a aquellos que estaban aplicando al programa”, indicó la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa.

La diplomática enfatizó que la suspensión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) es un tema que preocupa a las autoridades del país. Mas aboga por mantener un diálogo con el Gobierno estadounidense para garantizar los derechos de los ecuatorianos.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron en el marco de la presentación de los logros y avances en la gestión del sector externo, conformado por el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Turismo y Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Fiscales se rebelan contra Trump

Fiscales generales de 16 estados presentaron ayer ante la justicia una demanda que desafía al presidente Donald Trump y busca preservar el DACA, programa que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

La demanda argumenta que el gobierno de Trump ha violado una cláusula constitucional al discriminar a los jóvenes con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de origen mexicano, que representan el 78% del total, así como los derechos a un debido proceso.

También asegura que la decisión de eliminar el DACA ha dañado las economías, las instituciones y a residentes de 16 estados.

“La decisión del gobierno de Trump de terminar el DACA es cruel, inhumana y devastadora para 42.000 neoyorquinos que han podido salir de las sombras”, dijo a la prensa el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, al anunciar la demanda.

“Por eso es que estamos llevando al gobierno de Trump a los tribunales para proteger a los ‘Dreamers’ (soñadores, como se llama a los jóvenes con DACA) y a los empleadores de Nueva York que cuentan con ellos”, añadió el fiscal, quien indicó que la decisión del presidente está basada en su “prejuicio personal contra los mexicanos”.

La demanda, liderada por los fiscales de Nueva York, Washington y Massachusetts, fue presentada también por otros estados, como Connecticut, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Vermont y Virginia, aunque no por California ni Texas, los estados con más jóvenes con DACA.

La decisión del gobierno de Trump de eliminar el DACA a partir del 5 de marzo, anunciada el martes, sume a 780.000 jóvenes inmigrantes en la incertidumbre.

El presidente estadounidense asegura que la responsabilidad está ahora en manos del Congreso, dominado por su Partido Republicano, y que de este depende aprobar en los próximos seis meses una ley que reemplace al DACA y fortalezca o no sus bases legales.

“Realmente creo que el Congreso quiere ocuparse del tema. Realmente lo creo, incluso miembros muy conservadores del Congreso”, dijo Trump, confiado en que los legisladores llegarán a un acuerdo.

Pero en el pasado, el Congreso ha fracasado en ofrecer a estos jóvenes inmigrantes una solución.

El DACA fue creado hace cinco años por un decreto del expresidente demócrata Barack Obama, cuando el proyecto de ley Dream (por Development, Relief and Education for Alien Minors Act, en inglés), fracasó en ser aprobado por el Congreso de mayoría republicana.

Por eso a estos inmigrantes se los conoce como ‘Dreamers’, también en alusión al sueño de una vida mejor en Estados Unidos. (I)

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