No sólo Venezuela quiere desplazar a la fiscal general, Luisa Ortega, desatando un escándalo interno y protestas a nivel internacional. En el extremo sur de la región se repite la historia, aunque con matices. El gobierno argentino ha hecho todo lo posible para remover a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que tiene mandato constitucional y a la que acusa de hacer “kirchnerismo” explícito. Es tanto el encono oficial contra la jefa de los fiscales argentinos que muchos piensan hoy en un “decretazo” para echarla de su cargo vitalicio.

Gils Carbó asumió el 29 de agosto del 2012, a propuesta de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después que su designación fue aprobada por el Senado por 63 votos a favor y tres en contra .

Pero desde el primer minuto en que pisó la Casa Rosada, sede del ejecutivo, el presidente Mauricio Macri dejó en claro que quería la cabeza de Gils Carbó.  "Ella es una procuradora de manifiesta militancia kirchnerista y que ha usado ese lugar para detener, demorar y enturbiar las investigaciones de hechos de corrupción de la gestión anterior y crear sistemáticamente imputaciones al Gobierno con los fiscales que designó", dijo Macri.

Pero la procuradora goza de estabilidad en su cargo mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad. Por ello solo puede ser removida con un juicio político.

Las presiones para lograr la renuncia de la procuradora comenzaron incluso antes de la asunción de Macri. Desde entonces el ejecutivo ha intentado todo contra Gils Carbó. O casi todo. Desde acotar su mandato a través de una reforma judicial, pedir abiertamente su renuncia y hasta instalar la posibilidad de removerla por decreto presidencial.

Pero nada ha logrado resultado. Ahora se recuesta en un presunto escándalo de corrupción por la compra de un edificio del ministerio público. El fiscal federal Eduardo Taiano la denunció por fraude. Pero además le endilgó  abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Todo forma parte de una supuesta adquisición irregular de una nueva sede del ministerio público en la que se investigan pagos de comisiones exorbitantes a gestores e intermediarios,  uno de ellos vinculado a un funcionario del organismo.

En concreto, el fiscal asegura que por la operación se pagó una comisión de más de 400.000 dólares a una inmobiliaria, la que a su vez le otorgó unos 170.000 dólares por asesoramiento a un productor de seguros identificado como Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellighi, el funcionario del ministerio público encargado de la compra.

Taiano pidió la indagatoria de Carbó y ahora el juez Julián Ercolini deberá decicir si acepta o no el pedido del fiscal.

Pero eso no es todo. La labor de la procuradora general está en la mira de una comisión bicameral del Congreso que ya escuchó a decenas de testimonios sobre su trabajo y sus supuestas intervenciones para favorecer a exfuncionarios kirchneristas o entorpecer causas en su contra.

La obsesión del oficialismo contra la procuradora llega a tal punto que un diputado nacional del “macrismo”, Pablo Tonelli, pidió removerla a través de un decreto presidencial. No se trató de un exabrupto. Tonelli es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales e integrante del Consejo de la Magistratura.

"Así como está previsto que los jueces sean removidos mediante un procedimiento de enjuiciamiento, en el caso del procurador, eso no está previsto. De modo que la remoción puede ser procedente por otra vía. Ya ha ocurrido en el pasado. El fiscal (Ricardo) Molinas, que era fiscal de investigaciones administrativas, fue removido por decreto y la Corte lo convalidó", dijo Tonelli.

Pero sus palabras desataron un escándalo en la alianza Cambiemos. La diputada Lilita Carrió rechazó esa posibilidad y advirtió que “debe respetarse la Constitución, aun ante delincuentes como Gils Carbó. O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político”, sostuvo.  Pero al oficialismo no le dan los votos en el Senado para llevarla a esa instancia.

La polémica fue tan grande que el ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo que salir a aclarar que el gobierno no pensaba en un “decretazo”. La propia procuradora advirtió al ejecutivo: "Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez", argumentó..    

Para Gils Carbó,  “más que algo personal” contra ella, “veo (esta ofensiva ) como un afán de concentración del poder y eso es el motivo por el cual siento el compromiso de quedarme en mi cargo”.

Además, denunció presiones del gobierno contra la justicia. “Ya ha habido jueces federales que denunciaron  presiones" y "los jueces laborales están expuestos a una campaña de hostigamiento constante".

Gils Carbó aseguró que "existe un gran paralelismo entre lo que está pasándole a Luisa Ortega (la fiscal general de Venezuela) y lo que me está pasando a mí".

"¿Se imagina el escándalo internacional en que se vería expuesta la Argentina? Un escándalo que ya está instalado en los organismos internacionales por la detención ilegal de (la militante social) Milagro Sala. Imagínese si a eso se le suma una destitución por decreto al mejor estilo Nicolás Maduro?", concluyó. (I)