El nuevo gobierno de Mauricio Macri comienza a devolver favores a sus principales sostenedores económicos y mediáticos. El flamante presidente argentino está decidido a dar un golpe contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, aprobada por el Congreso argentino durante la gestión kirchnerista y declarada constitucional hace dos años por la Corte Suprema de Justicia. Pero no le será tan sencillo: la oposición está dispuesta a resistir este embate contra una de las conquistas más preciadas de la última década, llevando el conflicto -en caso de ser necesario- hasta instancias internacionales.

La primera piedra la lanzó el flamante ministro de Comunicaciones, Oscar Auad. En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, afirmó que tendrá una “filosofía totalmente contraria” al kirchnerismo y precisó que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir” durante su gestión.

“La norma fue creada para aniquilar medios de comunicación, como el Grupo Clarín y también otros con los que el gobierno (kirchnerista) no estaba de acuerdo”, argumentó Auad, un exinterventor de la ciudad de Corrientes (en el nordeste del país) durante la gestión del expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001). Auad en ese entonces fue procesado en una causa que investigaba el destino de un crédito de $ 60 millones, pero el caso prescribió.

La ofensiva oficial no se detuvo allí: “Esta ley la vamos a cumplir porque somos esclavos de ella, y cuando se modifique cumpliremos el cambio”, se sumó el flamante titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

Para este funcionario, la ley, aprobada en el Congreso en 2009, “se usó para ensañarse con algunos medios” y “nació vieja, mirando al pasado”. El Grupo Clarín, a la que la Ley de Medios obligó a dividirse en 6 empresas al ser un monopolio, fue el principal mentor de la candidatura de Macri a la presidencia y un férreo opositor al gobierno de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el gobierno se proponen discutir una nueva legislación en el Congreso. La excusa, según Lombardi, es que en los próximos años “todo va a ser digital” y “hay que mirar cómo se informa la gente. Nadie puede obviar el tremendo énfasis que tienen las nuevas tecnologías, las redes sociales y los nuevos medios en el siglo XXI. Pareciera absurdo que el Estado se ocupe con tanto énfasis de una parte y se desentienda de lo otro”, indicó. Desde el kirchnerismo sostienen que las nuevas tecnologías se encuadran en un debate necesario, pero afirman que el gobierno las utilizará como excusa para modificar el espíritu de la ley.

El gobierno de Macri tiene varios escollos: un Congreso dominado por el kirchnerismo (con mayoría en el Senado y una primera minoría en la Cámara de Diputados) y un hombre propio (Martín Sabbatella) en la presidencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), un organismo autárquico cuya principal función es aplicar, interpretar y hacer cumplir la Ley de Medios.

El “macrismo” ya comenzó a mover sus fichas para intentar remover a Sabbatella, a quien le pidió varias veces la renuncia en las últimas semanas y que por ley tiene mandato hasta 2017. Auad fue claro: “Estamos viendo si solucionamos este problema”. La salida podría pasar por una “intervención” del organismo.

Pero Sabatella no se quedó callado: “La peor amenaza contra la libertad de expresión es la concentración mediática que Auad le quiere garantizar a Clarín”.

El periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, residente hace décadas en Argentina y uno de los pioneros en denunciar el monopolio del Grupo Clarín, ironizó que Auad debería tener la oficina contigua a la de (director ejecutivo de ese emporio mediático, Héctor) Magnetto para operar más fácil”.

Pero hubo más. La ofensiva contra Sabbatella incluyó al sector judicial aún antes de la asunción de Macri. El viernes 4 de diciembre el juez federal Claudio Bonadio allanó la sede de Afsca, en una causa iniciada por una denuncia de Clarín contra Sabbatella por su rechazo al plan de adecuación del grupo a la Ley de Medios y presunto abuso de poder. En el operativo se secuestraron las actas de directorio del organismo y los legajos de adecuación a la citada norma presentada por otros medios de comunicación.

“Es grave. La sensación que tenemos es que estamos frente a un Estado mafioso. Hay una suerte de red que funciona con una parte de la justicia, poderes económicos corporativos concentrados y una parte del poder político”, indicó Sabbatella, quien hace un año rechazó el plan de adecuación presentado por Clarín e inició una adecuación de oficio que fue denunciada por el multimedio en la justicia, paralizando otra vez el cumplimiento efectivo de la norma.

Morales terció: “Esto es una troika, entre la justicia, Clarín y Cambiemos (alianza que llevó al poder a Macri). No hay mejor metáfora del mundo del revés como esta: Clarín allanando la Afsca, que solo intenta controlar una ley que pasó hasta por la Corte Suprema”.

Pero Sabbatella está dispuesto a resistir y cuenta con el aval de Cristina Fernández de Kirchner. El organismo que preside quedó por decreto de Macri bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, al igual que una entidad paralelamente a la Afsca, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).

El decreto catapulta a Auad como una “suerte de interventor de esos organismos y asumirá muchas de las responsabilidades que la ley les había asignado”, de acuerdo al diario Perfil, otro férreo opositor al anterior gobierno.

El kirchnerismo prepara una batería de medidas cautelares y amparos en la justicia. Según Perfil, Sabbatella está dispuesto a recurrir a organismos internacionales para defender la ley. Incluso el juez español Baltasar Garzón, vinculado al anterior ejecutivo, ya ofreció sus servicios para representarlo en el exterior.

Sabbatella, atrincherado en sus oficinas, advirtió: “no voy a renunciar. Sería ser cómplice del intento de violar la ley. La ley es clara, establece que el mandato es de 4 años, desacoplado con el presidencial”. (I)

Datos

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada también Ley de Medios, en Argentina, establece las condiciones de los medios de comunicación impresos y electrónicos, y pretende evitar la formación de monopolios informativos.

La ley permite hasta diez licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, en cuanto al uso de espectro radioeléctrico.

Un total de 24 licencias cuando se trate de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones, es decir, servicios de cable.

El artículo 48 de la legislación regula las prácticas de concentración indebidas en los medios de comunicación. El Grupo Clarín emprendió una batalla legal contra esta regulación.

Punto de vista

Y ahora le toca a Bolivia

Amauri Chamorro
Analista político

Después de 10 años de un trascendental desarrollo económico y social, la plurinacional Bolivia enfrentará uno de sus principales desafíos para la sustentación de las políticas públicas que hicieron de los invisibles, protagonistas del más fascinante proceso revolucionario del siglo XXI. El presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) disputarán en febrero de 2016 un referéndum que definirá la posibilidad de apenas una nueva reelección del presidente. Pero la coyuntura no es favorable. El “tsunami” -ya indicado en un artículo anterior publicado en El Telégrafo-, comenzó a azotar la posible continuidad de la izquierda en los gobiernos del continente. La amenaza al progresismo se inició a partir de la débil victoria de Dilma Rousseff en Brasil, hace exactamente un año, continuando con las predecibles derrotas electorales de Scioli en Argentina, y de la Asamblea por parte del PSUV en Venezuela.

Bolivia no solo ha sobrevivido, ha crecido de manera imparable durante 10 años consecutivos, pese al macroambiente económico desfavorable para los países exportadores de commodities. Destaque a la sólida redistribución de las riquezas del país para las amplias capas indígenas, alcanzando formidables índices de desarrollo social, pero principalmente económicos. Pese a estos indicadores, la pelea para ganar una elección se ha vuelto muy difícil. Como en Ecuador que Alianza PAIS perdió en las seccionales, MAS también fue derrotada en Bolivia. Así como en prácticamente todos los países progresistas que han recuperado no solo la soberanía sobre sus riquezas, sino vencer sensiblemente la inequidad y la injusticia social. Entonces, ¿qué justifica la derrota en las elecciones?

La derecha ha encontrado brechas existentes en las gestiones de los gobiernos progresistas y en sus movimientos políticos. Los distintos procesos progresistas del continente, sustentados principalmente en la inmensa masa de personas que ha sido insertada en el mercado de consumo, como es el caso boliviano, han sufrido un cambio demográfico importante. Las personas tienen más capacidad para adquirir bienes de consumo, generando muchos caballos de fuerza a la economía. Pero las nuevas generaciones que ya nacieron con sus derechos básicos garantizados, como educación y salud, no reconocen en sus gobiernos una narrativa que los represente. Hemos perdido la batalla cultural.

Los gobiernos han confundido sus exitosas gestiones con el quehacer político. Como si uno sustituyera al otro. Movimientos sociales no son ministerios que se gestionan. Hemos dejado de lado la construcción constante del progresismo en las calles. A eso se suman los errores, la ineficiencia, la corrupción, creando una confusión con los procesos comunicacionales, que después de muchos años dejan de tocar los corazones. Y si no se tocan los corazones, no se ganan las elecciones. No hay gratitud por lo que se hizo. Lo que hay es una exigencia, cada vez mayor, por participar en la construcción de la visión de futuro. Así como cuando ganamos por primera vez las elecciones, dando inicio a una de las más importantes eras de nuestra historia: cuando los invisibles asumieron el protagonismo del proceso. (O)