En el Teatro Colón de Bogotá, a solo unos pasos de las sedes de los tres poderes del Estado, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, firmarán hoy un nuevo acuerdo de paz que busca poner fin a una guerra de 52 años.

Se tratará de un nuevo intento por cerrar el conflicto armado con la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina. Hace dos meses, el 26 de septiembre, Santos y ‘Timochenko’ suscribieron en Cartagena un pacto que tenía ese propósito, pero que fue derrotado en un plebiscito seis días después.

La reacción de Santos y las FARC fue rápida. El Gobierno tuvo varios encuentros con los promotores del No en el plebiscito, tomó nota de sus objeciones e incorporó la mayoría de ellas al acuerdo en una nueva negociación de solo nueve con esa guerrilla. El pasado 12 de noviembre, las partes tuvieron listo un nuevo pacto.  

A diferencia de la ceremonia del 26 de septiembre en Cartagena, a la que asistió una decena de jefes de Estado y miles de invitados vestidos de blanco, el acto programado para hoy en el Teatro Colón será austero, más breve -de poco más de una hora- y mucho menos concurrido.

El recinto, que está ubicado en pleno centro de Bogotá, a solo dos cuadras del Congreso y el Palacio de Justicia y a tres de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, tiene capacidad para 745 personas.

Allí estarán representantes de víctimas del conflicto, 58 embajadores, 32 representantes de organismos internacionales, ministros, congresistas, magistrados de las cortes y dirigentes sociales.

“Habrá unos 800 invitados”, dijo a periodistas el representante de las FARC, Marco León Calarcá, quien verificaba ayer en el Teatro Colón los detalles de seguridad para los jefes de esa guerrilla, en coordinación con personal policíaco y militar de la Presidencia de Colombia.

Aunque el nuevo acuerdo de paz no está vigente, pues está pendiente su refrendación, la seguridad de los jefes de las FARC ya está a cargo del Estado colombiano. Los 7 integrantes del Secretariado, máxima instancia de dirección de esa guerrilla, están en Bogotá y cuando se desplazan por la ciudad lo hacen en camionetas blindadas y con custodia de la Policía.

Según el programa oficial de la firma de la paz, la ceremonia comenzará con la interpretación del Himno Nacional colombiano por parte de la cantante de música afrocaribeña Cecilia Silva Caraballo. Luego, Santos y ‘Timochenko’ suscribirán el nuevo pacto y cada uno pronunciará un discurso. Eso será todo.

Según fuentes consultadas por EL TELÉGRAFO, los jefes de las FARC estaban interesados en que se realizara una ceremonia más masiva y con mayor contenido cultural, pero el Gobierno los convenció de hacer algo más sobrio y simbólico.

Las dos partes coinciden en que lo prioritario debe ser refrendar e implementar el nuevo acuerdo para dar certidumbre al cese del fuego que está vigente desde agosto pasado.

Y es que la derrota del pacto original en el plebiscito del 2 de octubre sorprendió a las tropas de las FARC en tránsito hacia las 27 zonas de ubicación donde deberán concentrarse para que una misión de Naciones Unidas verifique el cese del fuego.

Por ahora, los guerrilleros están preconcentrados. Es decir, en un limbo territorial y jurídico. La semana anterior ya ocurrió un confuso incidente en el que efectivos del Ejército dieron muerte a dos guerrilleros. La misión de ONU investiga si fue en un enfrentamiento o fueron acribillados.

Refrendación

El acto de la firma de la paz de este jueves tiene un sentido de urgencia que no tenía la ceremonia de septiembre en Cartagena. El Gobierno y las FARC quieren que el nuevo acuerdo se refrende de manera expedita y, por eso, apenas sea suscrito, será llevado al Congreso para que sea este poder del Estado el que haga esa labor.

El expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, ya advirtieron que el nuevo acuerdo tampoco contará con su respaldo. Y no solamente eso. También anunciaron que emprenderán una campaña de resistencia civil que incluirá movilizaciones callejeras. “No nos están dejando otro camino”, se excusó ayer el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.

Lo cierto es que el nuevo acuerdo tiene precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 puntos objetados por Uribe y otros promotores del No, pero el exmandatario insiste en que los jefes de las FARC deben pagar con cárcel los delitos graves cometidos en el marco del conflicto y que se les debe prohibir la elegibilidad política.

“Ninguna guerrilla en el mundo entrega las armas para ir a prisión y para no hacer política. Esa es la esencia de un proceso de paz”, dice a EL TELÉGRAFO el senador del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda, un facilitador clave en el proceso de paz con las FARC.

Pero el uribismo está decidido a obstaculizar la puesta en marcha del nuevo acuerdo de paz.

Los senadores Paloma Valencia y Daniel Cabrales, del Centro Democrático, advirtieron que si el Gobierno lleva el nuevo acuerdo al Congreso para que sea refrendado y este lo hace, como se espera, el Legislativo debe ser revocado.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró que el Centro Democrático, que busca hacer de su oposición a la paz con las FARC su bandera de campaña en los comicios presidenciales de 2018, haya destapado sus cartas.

“Le confirmaron al país que están usando el tema de la paz como un mecanismo para hacer política electoral con miras a 2018”, manifestó ayer el ministro en una rueda de prensa.

El Gobierno presentará el nuevo acuerdo de paz ante el Congreso luego de su firma y el órgano legislativo convocará a un debate la semana próxima con miras a refrendarlo tras escuchar a quienes lo respaldan y lo critican. En el Congreso, el uribismo es minoría. (I)

DATOS DEL CONFLICTO ARMADO

Con desplazamientos de campesinos de sus tierras y de hogares a la fuerza, este conflicto ha ocasionado una de las mayores crisis humanitarias y ubicó al país sudamericano en el segundo lugar en relación con la tasa de desplazados, seguido por Siria.

En los últimos 52 años, el costo para financiar la guerra se calcula en $ 179.000 millones, cantidad que lo sitúa entre los 10 países del mundo que más gastan en destrucción y muerte.

Hay un total de 8 millones de víctimas en el exterior. La cifra duplicó las estimaciones realizadas en 2011, cuando fue promulgada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Del total de las víctimas registradas, 1,5 millones no serían objeto de reparación porque ya fallecieron. (I)