El grupo Clarín, el mayor grupo multimedia argentino, denunció ayer  que el gobierno de Cristina Fernández está detrás de la intervención judicial a la operadora de televisión por cable Cablevisión, una de las principales fuentes de ingresos de la firma.

La operadora de televisión por cable fue intervenida el martes por el juez Walter Bento, de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima (oeste), en el marco de una causa por monopolio denunciada por su competidora Supercanal, del grupo Vila-Manzano. “Es el grupo Vila-Manzano, en alianza con el Gobierno. Pretenden que en 60 días Cablevisión deje de operar y se divida la compañía”, dijo Carlos Moltini, gerente general de la firma de televisión por cable al diario Clarín.

Moltini insistió en que Supercanal es un “mascarón de proa para ir contra Cablevisión” y remarcó que la firma del grupo Clarín no presta sus servicios en Mendoza.

El juez Bento nombró a un interventor para que analice la documentación y funcionamiento de la operadora y en el plazo de dos meses entregue un informe sobre el presunto abuso de posición dominante o monopolio denunciado por Supercanal. Las autoridades  se han desmarcado del asunto por tratarse de un contencioso judicial entre privados, como indicó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al asegurar que es un disparate considerar que la Gendarmería  haya intervenido en el caso por mandato del Gobierno.

Cablevisión fue allanada e intervenida en momentos en que el Senado, controlado por el Frente para la Victoria en el Gobierno, se prepara para aprobar una ley que declara de “interés público” el papel de diario, que en este país solo produce Papel Prensa, firma controlada por los diarios Clarín (49% de las acciones) y La Nación (22,49%) en sociedad con el Estado (28,08%). EFE