El Gobierno y las FARC acaban de lograr un acuerdo sobre el tema agrario en el marco del proceso de paz. ¿Cómo ve encaminado este proceso, cuáles son las condiciones para garantizar una paz duradera?   
 Este es un proceso inédito por sus características, por su significado, y en el cual sin dudas se ha llegado más lejos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por eso es tan importante, porque es con ellas que empezó el conflicto armado colombiano. Digo es inédito porque está diseñado de una manera especial, no solo recopilando las lecciones del pasado y los grandes errores que se han cometido, sino igualmente se ha compilado una muy valiosa experiencia internacional, especialmente el proceso del Norte de Irlanda. El resultado ahí está, a pocos meses de haber comenzado el proceso, coinciden guerrilla y gobierno. Se vislumbra un posible acuerdo sobre un tema histórico. Un tema sobre el cual no se ha llegado a un entendimiento en 50 años, que es el tema de la tierra, del desarrollo rural, de la reforma agraria en Colombia. Así que hay razones por primera vez en mucho tiempo para ser realmente optimistas, no un optimismo ingenuo, sino uno informado de que es posible realmente llegar a un primer momento de un largo proceso de paz, que es la firma de un acuerdo. Ahora, por supuesto, es un proceso que tiene defectos, el mayor defecto para mi gusto es que la ciudadanía no se siente vinculada directamente, aunque eso está cambiando poco a poco. El gobierno tiene que moverse en la dirección de comenzar a preparar a la República para refrendar esos acuerdos.

Uno de los temas más críticos en los siguientes meses será la definición de la participación de las FARC en el proceso político legal. ¿Cuáles son los mecanismos más adecuados para lograrlo?
Yo creo que ya nadie a estas alturas niega que las FARC puedan y deban estar en política. Incluso los críticos más radicales de este proceso, como el ex presidente Álvaro Uribe, reconocen que eso va a tener que ser así porque no hay ningún conflicto armado en el mundo entero que haya terminado con la salida de la escena política de quienes estaban en armas. Eso es un hecho indiscutible, en eso hay un consenso nacional. La discusión radica en el cómo: del lado de los críticos del proceso se utiliza la situación jurídica como prácticamente un obstáculo insalvable, para evitar  que especialmente los jefes de la guerrilla terminen siendo elegidos parlamentarios e incluso se candidaticen a la Presidencia. Eso ha ocurrido en otros países.

El gobierno tiene que moverse y comenzar a prepararse para refrendar esos acuerdosEn varios países latinoamericanos hay presidentes que fueron guerrilleros. El problema jurídico tiene una connotación compleja, es un proceso de paz que se está dando después del Estatuto de Roma, y que se da después de que se haya cometido toda la gama posible de crímenes, no solamente por parte de las guerrillas, sino también por parte de los agentes del Estado y los paramilitares. Así que ahí habrá que ingeniarse un modelo lo suficientemente convincente para las víctimas, para la sociedad colombiana y para la comunidad internacional. Creo que el gobierno y la guerrilla están en el proceso conscientes de esa responsabilidad. Del lado de la guerrilla, y de muchos sectores sociales y políticos, el problema no solamente es jurídico. Ya hubo un genocidio político; mi padre era parte de esa organización, la Unión Patriótica (UP), que fue barrida del escenario público. Mataron a mi padre, mataron otros 7 de sus colegas, acabaron con la bancada parlamentaria y después con 5.000 militante de la UP. Entonces, la pregunta es: ¿y quién nos garantiza que eso no pase de nuevo? ¿Cómo va a garantizarse que la política se democratice en Colombia, cómo se va a limpiar el sistema electoral colombiano? El sistema electoral colombiano es un desastre, es un sistema anacrónico, totalmente carente de transparencia y que se presta para toda clase de hechos de corrupción y fraude.

Yo creo que ya nadie a estas alturas niega que las FARC puedan y deban estar en política¿Cómo incidiría el proceso de paz en la coyuntura regional?  
Eso tiene un impacto positivo porque se abre la posibilidad de resolver varios problemas. El conflicto colombiano tiene una incidencia terrible para los países fronterizos, de toda índole: en las violencias transfronterizas, en generar un factor de permanente inestabilidad en la región, en las relaciones bilaterales o multilaterales, en generar un pretexto para que otros países intervengan en la región. Digamos que Colombia ha sido un trampolín para que Estados Unidos apoye o envíe desde Colombia estrategias contra Ecuador, Venezuela, Brasil. Digamos que de una manera más indirecta serviría para comenzar a plantear el tema del narcotráfico de forma distinta, porque ya en la agenda de La Habana está planteado el asunto de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Es decir, comenzaría a debilitar la idea de que el narcotráfico se puede tratar por medios militares. Si la agenda de La Habana tiene éxito, ese va a ser un punto de una trascendencia internacional muy significativa.

Pasemos a sus denuncias en contra de Álvaro Uribe…
Yo lo he denunciado por tres razones en los últimos tiempos, por asuntos que he encontrado en mi labor como congresista y como defensor de derechos humanos. La primera de esas acusaciones tiene que ver con multiplicidad de delitos, no solamente con conformar grupos paramilitares, sino con asesinato, tortura, desaparición forzada, narcotráfico. El lugar es la hacienda donde mataron al padre de Uribe y hubo, después de esa muerte, una fuerte incursión de la guerrilla contra la hacienda y a raíz de todas estas cosas lo que sostienen dos paramilitares que están en las cárceles es que los Uribe crearon un grupo paramilitar. Ahora, ahí vinieron unas masacres, vinieron unas acciones supremamente graves, esa región fue convulsionada por la violencia.

Entonces, a raíz de esas historias y de muchas otras, nosotros hemos descubierto cerca de 20 declaraciones de paramilitares, hechas en “Justicia y Paz” o ante otros tribunales, en las que hay coincidencias en que financiaron la campaña de Uribe, y que él  apoyó a los paramilitares, etc. etc. Por todas esas razones, la Fiscalía decidió abrir una investigación que en este caso particular no se lleva a cabo en el Congreso, mientras todos los otros procesos no han pasado. Uribe tiene más de 280 investigaciones en la Comisión de Investigación y Acusación. Si la Fiscalía llega a tener razones, Uribe puede ser acusado ante la Corte Suprema de Justicia.

El segundo round es lo que en Colombia se ha llamado “el caso de las chuzadas”. Durante la segunda mitad del gobierno de Uribe, salió a la luz el escándalo de que 300 ciudadanos estábamos siendo objeto de una especie de máquina de espionaje, que terminó inmiscuyéndose en los detalles más íntimos de nuestra existencia. Ahí estábamos magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos. Lo denunciamos ante la Comisión de Investigación y como sabemos en qué va a terminar eso, yo tomé todos los expedientes, que son 284, los escaneé y los llevé a la Corte Penal Internacional. Ahí yo le he hecho la acusación a Uribe por el delito de persecución política al amparo del Estatuto de Roma. Los 284 expedientes eran para ilustrar a la Corte la ineficacia de la Comisión de Investigación. El último round con Uribe es cuando el señor ha puesto en su cuenta de Twitter ni más ni menos que las coordenadas de una operación para que pudieran salir uno o varios miembros de la guerrilla a La Habana. Esto para mí no es un asunto trivial, es un asunto muy grave; le pedí al Fiscal General de la Nación que determine si da para algún tipo de investigación penal o disciplinaria. Él recibió esta solicitud y dijo que va a proceder a investigar si es el caso.