El Gobierno de Perú afirmó este jueves que "no negocia con terroristas", al referirse al rescate de 10 millones de dólares que exige un grupo armado que secuestró el lunes pasado a 43 trabajadores en la selva de la región Cuzco, en el sureste del país.

"El Gobierno no negocia con terroristas, el Gobierno actúa en el marco de la ley", enfatizó hoy el ministro peruano de Justicia, Juan Jiménez, en declaraciones citadas por la agencia estatal Andina.

El ministro aseguró que "se está haciendo una labor que es comandada por el Ministerio del Interior, una labor del Ministerio de Defensa, una labor de seguridad en la zona para poder rescatar con vida a estas personas".

Jiménez también anunció que se brindará ayuda a las familias de los secuestrados y lamentó que en su país sigan existiendo remanentes de los grupos terroristas.

El Gobierno de Perú declaró el miércoles el estado de emergencia (excepción) en la provincia cuzqueña de La Convención, donde se produjo el secuestro, y envió 1.500 militares para "aislar" a los secuestradores, a los que calificó de "narcoterroristas".

El Gobierno también anunció que adoptará "todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos tomados como rehenes", manifestó su solidaridad "con la angustia de sus familiares" y les pidió mantener la calma.

El Ministerio del Interior confirmó el miércoles a Efe que son 43 los trabajadores de empresas contratadas por el consorcio de gas de Camisea que siguen secuestrado en la selva del Cuzco, en el sur de Perú.

En una nota de rescate que fue difundida por medios locales, los captores piden el pago de 10 millones de dólares, una "cuota de guerra" anual de 1,2 millones de dólares, además de explosivos.

Nueve de los trabajadores fueron interceptados en un campamento y el resto en otro en la localidad de Kepashiato, según la fuente, y pertenecen a las empresas Coga y Skanska, que brindan servicios al consorcio de gas de Camisea.

Kepashiato se ubica en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), un lugar selvático de muy difícil acceso donde operan los remanentes de la banda armada Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico.