Las FARC y el gobierno colombiano llegaron a un acuerdo sobre la aplicación inmediata de medidas que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas durante el conflicto.

Un comunicado divulgado en el sitio web de la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) precisa que el acuerdo fue alcanzado el sábado con los representantes del gobierno en la Mesa de Diálogo que se desarrolla en La Habana desde noviembre de 2012.

El texto precisa que “el gobierno acelerará la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N., así como la entrega digna de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública y hayan sido identificados pero no reclamados por sus familiares”.

Las FARC entregarán la información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento, y contribuirán a la entrega digna de los mismos.

Ambas partes acordaron además solicitar a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas que construya en cuatro meses un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito.

Tras la firma del acuerdo final, activarán una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas.

El objetivo de esta medida, explica el comunicado, será establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas como consecuencia de acciones de agentes del Estado, de integrantes de las FARC o de cualquier organización que haya participado en el conflicto.

Tal unidad dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de los restos de esas personas.

La unidad deberá atender los requerimientos y lineamientos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con la cual establecerá un protocolo de cooperación e intercambio de información que contribuya a cumplir los objetivos de ambas estructuras.

Los funcionarios de la unidad no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia respecto al trabajo que desempeñen.

No obstante, agrega, de ser requerido por la jurisdicción especial para la paz, quienes hayan realizado los informes técnico-forenses deberán ratificar y explicar lo concerniente a esos reportes. (I)