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La idea es abrir el camino al regreso a los mercados internacionales, afirman los expertos

El gobierno argentino frena la crisis con políticas pragmáticas

Ante la Cámara de Diputados el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, explicó el acuerdo con la petrolera Repsol.  Foto: EFE
Ante la Cámara de Diputados el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, explicó el acuerdo con la petrolera Repsol. Foto: EFE
09 de abril de 2014 - 00:00 - Por Marcelo Izquierdo, corresponsal en Buenos Aires

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió aplicar el pragmatismo en materia económica en el último tramo de su mandato, que vencerá en 2015. Un paquete de medidas -a simple vista ajenas a su marco ideológico progresista-  logró aplacar el nerviosismo que amenazaba con una indetenible corrida cambiaria y una crisis de impredecibles consecuencias. Y cosechó algo hasta hoy impensado: el elogio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y economistas ortodoxos, dibujando una mueca agria en las filas oficialistas.

“Las medidas implementadas por el Gobierno, que son medidas típicas de un ajuste ortodoxo de las décadas del auge del neoliberalismo, son alabadas por los economistas del establishment que siempre han promovido políticas neoliberales”, dice a EL TELÉGRAFO el economista Alan Cibils, coordinador del Área de Investigación de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Pero, ¿cuáles son esas medidas? Luego del traspié en las elecciones legislativas de octubre pasado, el Gobierno comenzó a delinear un plan para contrarrestar una compleja situación económica en un marco de elevada inflación, una sangría continua en las reservas internacionales (hoy de alrededor de $ 27.000 millones, la mitad de hace 4 años) y un fuerte ataque especulativo contra la moneda.

“Argentina se está moviendo en la dirección correcta”, afirmó un director del FMI.En primer término el Gobierno devaluó el peso un 18,63% en enero para contrarrestar una corrida cambiaria cuando el dólar marginal había trepado a 14 pesos. Hoy, el dólar oficial se comercializa para ahorro en 8 pesos (tras el fin de la prohibición de adquirir divisas para acaparamiento) y en el mercado negro oscila entre 10,80 y 11 pesos.

Paralelamente, el Banco Central aumentó las tasas de interés. En lo que va del año la entidad monetaria aspiró a 12.000 millones de pesos en licitaciones de Letras del Tesoro, quitando presión sobre la moneda estadounidense y la inflación. El plan logró en  parte su objetivo: los argentinos ya no hablan del dólar.

Pero hubo más. El Gobierno inició tratativas con el Club de París para renegociar una deuda impaga desde el “default” de 2001 que llega a unos $ 10.000 millones sumado el  capital, intereses y punitorios. La idea es abrir el camino al regreso a los mercados internacionales, por lo cual también se busca poner fin al conflicto en tribunales de Nueva York con “fondos buitres” que no entraron en las diferentes etapas de  la renegociación de la deuda. También acordó con Repsol por la nacionalización de la petrolera YPF.

Además, el Gobierno busca enfrentar el difícil marco inflacionario. Durante años sus estadísticas oficiales no reflejaron la realidad, con índices menores al 10% anual cuando autorizaba aumentos de salarios en negociaciones obreras-patronales del orden del 25%. Tras la devaluación, sectores empresariales aprovecharon para remarcar precios, destapando una nueva escalada inflacionaria. El ejecutivo entonces creó el plan “Precios cuidados”, que oferta 194 productos de primera necesidad a valores más bajos. Y dio un paso largamente esperado: creó un nuevo régimen de medición de precios dejando atrás el anterior modelo que carecía de credibilidad. El nuevo índice reconoció una inflación del 3,4% en febrero pasado, más acorde con mediciones privadas.

La última medida adoptada por el Gobierno era solicitada por diferentes sectores de la oposición y el arco mediático adverso al “kirchnerismo”: el recorte del 20% en subsidios estatales a los servicios de agua y gas, en vigencia tras la crisis económica y social de 2001. Las boletas del gas tendrán recargos de hasta 284% y las del agua de 406%, lo que la prensa y la dirigencia opositora -que presionaban por el fin de los subsidios- consideraron ahora un virtual “tarifazo”.

Sin embargo, el costo de esos servicios que pagarán los argentinos seguirá menor a los que se cancelan en países vecinos. “Si se pagara la tarifa plena, sin subsidio, igualmente el valor del metro cúbico de gas en Argentina resultaría comparativamente bajo, ya que ascendería a U$S 0,29, cuando en Uruguay es de U$S 1,35, en Chile de U$S 1,50 y en Brasil de U$S 1,82, según datos del Ministerio de Planificación”, dijo el diputado oficialista Carlos Heller. “No hemos cambiado de idea. Seguimos sosteniendo una política de subsidios” a sectores más necesitados, indicó el ministro de Economía, Axel Kicillof, al rechazar que el Gobierno impulse un plan de ajuste.

Estas nuevas medidas lograron captar la atención del FMI, enfrentado con el Gobierno, que rompió lanzas con el organismo tras pagarle la totalidad de su deuda en 2005. “Vimos un cambio importante en el mix de políticas. Argentina se está moviendo en la dirección correcta”, afirmó el director del Departamento del Hemisferio Occidental de la entidad monetaria, Alejandro Werner.

Pero los elogios del “establishment” fueron más lejos: En  la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  que se celebró este mes en Costa do Sauípe (Brasil), el magazine Emerging Markets, distribuido entre los asistentes del evento, destacó que “Argentina es el próximo gran mercado para los inversores internacionales”.

“El humor es diametralmente opuesto al del año pasado”, expresó a su vez un banquero citado por el conservador diario La Nación que participó del encuentro. “En el cóctel de la Federación Brasileña de Bancos estaban todos entusiasmados con Argentina, tanto los representantes locales de bancos y empresas, como los bancos y fondos de inversión internacionales”, indicó.

Para Cibils, “este giro ha creado apoyo entre los grupos concentrados de poder. No así entre los trabajadores sindicalizados, a quienes el Gobierno pretende imponerles un tope a las negociaciones paritarias.

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