El Gobierno argentino anunció que apelará un inédito, sorpresivo y polémico fallo judicial que anuló por irregularidades las elecciones de la provincia de Tucumán, celebradas el 23 de agosto, y en las que el candidato del oficialista Frente para la Victoria, Juan Manzur, se impuso con el 51,64% de los votos, con 12 puntos de ventaja sobre el opositor, José Cano.

Es la primera vez, desde la recuperación democrática de 1983, que la justicia anula una elección en el país austral y ordena realizarla de nuevo.

La resolución judicial, juzgada “histórica” por la oposición y “destituyente” por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue conocida a menos de 40 días de los comicios presidenciales del 25 de octubre. “Es una decisión ridícula, destituyente, de una enorme gravedad constitucional porque se mete con la voluntad popular”, advirtió el jefe de gabinete y candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández.

La decisión fue tomada por la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Tucumán, en el norte del país, lo que causó fuertes críticas en el “kirchnerismo” que considera que los cuestionamientos electorales se deben sustanciar en la Junta Electoral provincial y apelados ante la Corte Suprema de Justicia local. El gobierno adelantó que recurrirá al tribunal para intentar revertir el fallo.

La resolución puso a la provincia en una encrucijada ya que al mismo tiempo ordenó la realización de una nueva elección. Pero el mandato del actual gobernador “kirchnerista”, José Alperovich, vencerá a fines de octubre, por lo que dependiendo de los pasos judiciales la provincia podría quedar acéfala y el gobierno   verse empujado hacia una intervención federal, una medida “antipática” ante los ojos del electorado. “No hay tiempo” para realizar otra elección, expresó el mandatario provincial.

“Hay que seguir por los pasos judiciales. Por supuesto hay límites para todas las cosas, pero tendrán que resolverse en tiempos cortos. Existe material para discutir la intervención, pero primero hay que ir por la vía judicial. Esto es un prevaricato liso y llano. Es un desaguisado, un disparate”, enfatizó el jefe de gabinete.

En los argumentos del fallo, los jueces Norberto Ruiz y Ebe López Piossek dijeron que los hechos juzgados irregulares “limitaron o influyeron en el libre ejercicio del sufragio de gran parte de la ciudadanía, privaron el acto comicial de la ineludible transparencia que debe ostentar e implican violaciones marcadas y manifiestas al artículo 37 de la Constitución nacional” que garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos. Además afirmaron que “no fue una elección libre y auténtica de carácter democrático”.

Estas irregularidades incluyeron la quema de 42 urnas (protagonizada por militantes opositores), ánforas abiertas, actas falsas, la desaparición de videos que custodiaban el lugar de conteo, el intento de ingreso al centro de cómputos con papeletas por parte de fiscales de ambos frentes políticos y denuncias de compra de votos, a través de la entrega de bolsas de comida y de artículos de primera necesidad, una práctica arraigada en varias provincias del norte donde está vigente el viejo sistema político de fuerte tono “clientelista”.

“Los perdedores (de la elección) buscan jueces amigos que le permitan desconocer la voluntad popular haciendo que un triunfo del Frente para la Victoria se transforme en una derrota”, dijo el apoderado del partido Justicialista (peronista), Jorge Landau. (I)