El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está prófugo. Las autoridades mexicanas lo acusan por delitos de corrupción y lo buscan con operativos pero no han logrado dar con el político, quien tuvo tiempo de huir porque pidió licencia y desmanteló sus propiedades días antes de que se ordenara su arresto.

La mañana del 12 de octubre, Javier Duarte asistió a un programa de la empresa Televisa donde anunció que pediría licencia a su cargo de gobernador, “para atender” las denuncias por corrupción, que cada vez tomaban mayor peso público. “Es el momento de atender, dar la cara, enfrentar estas denuncias”, dijo en la pantalla.

Pocas horas más tarde, el congreso del Estado le concedió el permiso de ausentarse y así pudo salir por la puerta grande, 48 días antes de concluir su mandato. No se le ha vuelto a ver desde entonces.

Recién el 17 de octubre –cinco días más tarde-, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una orden de aprehensión en su contra que además comenzó a ejecutarse al día siguiente, admitió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una entrevista radiofónica.

“No sabemos nada de Duarte, tampoco hay información de que haya salido legalmente del país. Creemos que puede estar en México”, dijo Osorio Chong el 19 de octubre y reconoció que aún no habían solicitado la emisión de una ficha roja en Interpol para activar una búsqueda internacional.

La PGR investiga a Duarte por delincuencia organizada y presunto lavado de dinero: más de 253 millones de pesos ($ 15 millones) en una operación de compra venta de terrenos en el estado de Campeche entre 2011 y 2016, así como también la compra en 2011 de dos propiedades en Lomas de Chapultepec, lujoso barrio de la capital mexicana, por 47 millones de pesos ($ 2.6 millones).

En la opinión pública aumentan las críticas al accionar del gobierno mexicano en el caso Duarte. La lenta reacción genera desconfianza; muchos denuncian simulación y pacto de impunidad porque el prófugo gobernador con licencia pertenece al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

“Es inaceptable que se les escape Javier Duarte, los vuelve cómplices PGR, lo advertimos”, dijo desde su cuenta de Twitter el sacerdote y defensor de migrantes, Alejandro Solalinde (@padresolalinde).

También se cuestiona que la acusación es pequeña respecto del tamaño de los delitos que habría cometido Duarte, ya que en meses recientes medios de comunicación publicaron investigaciones sobre un gran entramado de corrupción que no ha sido integrado en el actual expediente. Por ejemplo, el reportaje difundido en mayo de este año en el portal Animal Político sobre la creación de “empresas fantasma” a quienes se asignaron 21 contratos por 645 millones de pesos ($ 35 millones).

La actual causa en contra de Javier Duarte tampoco contempla hechos que han convertido a Veracruz en uno de los estados más violentos e impunes del país, dominado por cárteles como Los Zetas y Jalisco Nueva Generación. Es además un territorio especialmente letal para la prensa porque durante la gestión del gobernador prófugo, entre diciembre de 2010 y octubre de 2016, fueron asesinados 19 comunicadores veracruzanos.

En tanto, el PRI toma distancia de Duarte y prepara su expulsión de la agrupación política, anunció el senador Héctor Yunes Landa, que preside la Comisión Anticorrupción  de la Cámara Alta.

Otro caso

El año pasado, otro político mexicano se dio a la fuga: Guillermo Padrés, del conservador Partido Acción Nacional. Pocos días después de concluir su mandato como gobernador del estado de Sonora se dictó su orden de captura por actos de corrupción que implican enriquecimiento ilícito y desvío de recursos por al menos $ 8,8 millones. Un ejemplo, la construcción con fondos públicos de una presa dentro de una propiedad suya.

La PGR solicitó una orden de captura en su contra el 27 de septiembre de 2015 y la concedió dos días después el Juzgado Duodécimo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, pero el día 28 el entonces gobernador ya había promovido un juicio de amparo. Ambos procesos están vigentes pero Padrés, prófugo. (I)

DATOS

En la página web de la Policía Internacional (Interpol) no aparecen las fichas de búsqueda del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ni del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ambos prófugos de la justicia.

En días recientes, diversos medios de comunicación mexicanos señalaron que Padrés Elías y Duarte de Ochoa ya son buscados en 190 países por los delitos que se les imputan. Sin embargo, sus fotografías, descripción y motivo por el que se les persigue a los políticos no se encuentran abiertos al público en general.

Actualmente en la página de la Policía Internacional aparecen únicamente dos mexicanos buscados por nuestro país en las fichas rojas, el sacerdote Eduardo Córdoba Bautista, por pederastia, y Estela Rincón Yáñez, acusada de sustracción de un menor.