El gobierno de Estados Unidos anunció ayer las nuevas directrices del departamento de Seguridad Interior en las que estableció acelerar el proceso de deportación de inmigrantes ilegales y contratar a 15.000 nuevos agentes migratorios.   

La medida del gabinete del presidente Donald Trump entierra el legado de su predecesor Barack Obama -destinado a concentrar las deportaciones exclusivamente en criminales y aquellos con vínculos terroristas- y amplía la persecución a los 11 millones de indocumentados. El diario The Washington Post publicó que los funcionarios federales advirtieron que muchos de los cambios detallados en un par de memorandos firmados por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, tomarán tiempo para implementar y que otras políticas que otorgan a agentes y oficiales mayores poderes serán usadas con cuidado y discreción.

Los memos de Kelly establecen las nuevas políticas en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que permiten: contratar a nuevos agentes y  crear nuevos centros de detención para los mismos, acelerar las audiencias de deportación y faculta a los oficiales de policía estatales y locales para que funjan como agentes migratorios.

Grupos de derechos de inmigrantes han expresado su preocupación de que las nuevas políticas conducirán a ataques y abusos generalizados por parte de las autoridades federales a medida que busquen aumentar las deportaciones.

El fin de estos memorandos es que se siga adelante con las tres órdenes ejecutivas que el presidente Trump firmó en enero: la construcción -ampliación- de un muro, el reforzamiento de las patrullas a lo largo de la frontera sur con México, y el aceleramiento de la aplicación dentro del país.

Por su parte, la Casa Blanca ha bendecido la disposición después de la revisión exhaustiva de los abogados durante el fin de semana.

Los funcionarios del DHS -que prefieren el anonimato- justificaron que las pautas de Kelly están enfocadas en llevar a cabo la visión de Trump y que están estrechamente relacionadas con el lenguaje de los mandatos ejecutivos y que “no se está creando nada”. Es decir, son las medidas que constan en la Constitución, pero que no fueron utilizadas por la administración Obama.

No obstante, la postura de Kelly alarma a los grupos de derechos de los inmigrantes porque reemplazan a la mayoría de los emitidos por las administraciones anteriores.

¿Qué especifican los memos?

Las nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) amplían considerablemente el grupo de inmigrantes que son priorizados para las deportaciones, incluidos los que han sido acusados de delitos, pero no condenados, los que cometen actos que constituyen un delito penal imputable y los que un oficial de inmigración considere un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

Para esto, las directivas de Kelly ampliarán las asociaciones con las agencias locales de aplicación de la ley para detener a los inmigrantes indocumentados contratando a 10.000 nuevos agentes de la Dirección de Inmigración y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés) y 5.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza (ICE, por sus siglas en inglés).

Los memos ordenan que el gobierno de Trump detenga a los inmigrantes hasta que se les conceda una audiencia ante un juez de inmigración. La política del gobierno del expresidente Barack Obama les concedía libertad condicional y vivir con familiares hasta sus audiencias. Durante su mandato los atrasos en los tribunales de inmigración se extendían hasta más de un año.

La nueva orden reza: “Esta medida será usada excepcionalmente y solo en los casos donde, después de un atento estudio de las circunstancias, se considere necesaria por razones humanitarias o por un significante beneficio público”.

Es decir, el objetivo será deportarlos lo antes posible a sus países de origen. Para ello se rompen los candados del proceso de expulsión inmediata. Esta modalidad se aplicaba hasta ayer a aquellos inmigrantes que hubiesen pasado menos de dos semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la línea divisoria. El diario El País de España enfatiza que con la nueva directriz se anulan los límites geográficos y se extiende su aplicación a todos aquellos que lleven hasta dos años en territorio estadounidense.

The Washington Post analizó que el núcleo de la ofensiva radica en la posibilidad de aplicar las deportaciones inmediatas a prácticamente todos aquellos que lleven menos de tres años en el país. Solo quedarán fuera de este decreto los menores, los peticionarios de asilo y quienes puedan demostrar la legalidad de su estatus migratorio. El anuncio también permite a las autoridades federales procesar a los padres de los menores no acompañados que entran ilegalmente en el país si se descubre que han pagado contrabandistas.

Los soñadores se salvan

Los memorandos  del nuevo secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, no revierten una directiva importante de la administración del expresidente demócrata Barack Obama: un programa llamado Acción diferida para las llegadas de la niñez (DACA, por sus siglas en inglés) que ha proporcionado permisos de trabajo a más de 750.000 inmigrantes que llegaron ilegalmente al país como niños y que son conocidos como los ‘soñadores’.  

Durante la campaña republicana del actual presidente, Donald Trump prometió “terminar inmediatamente” este programa, llamándolo una “amnistía ejecutiva” inconstitucional, pero ha vacilado desde entonces. Sin embargo, la semana pasada dijo que “demostraría gran corazón” en determinar el destino de ese programa. (I)