El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera aborda seis puntos definitorios para restablecer la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

El primero es Reforma Rural Integral (RRI), que pretende elevar el nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales, particularmente de las más golpeadas por el conflicto armado; y reducir las brechas sociales entre el campo y la ciudad.

Uno de los pilares fundamentales de este primer punto es la distribución de tres millones de hectáreas entre quienes no poseen tierra o no tienen la suficiente para ejercer una actividad productiva que les permita vivir con dignidad. Incluye la entrega de títulos de propiedad de otras siete millones de hectáreas.

El Gobierno también se compromete a realizar grandes inversiones en infraestructura, educación, salud y medidas de apoyo a la comercialización de la producción agrícola.

El segundo punto habla de Participación Política, ya que el acuerdo reconoce que el origen de las FARC está en la exclusión y la violencia política que ha padecido Colombia y, en consecuencia, establece las bases para una apertura democrática. Su fin es que esta guerrilla cambie las balas por los votos.

Se garantiza que las FARC tengan 10 escaños en el Congreso: 5 en el Senado y 5 en la Cámara, durante dos períodos legislativos.

Como tercer punto se habla del Fin del Conflicto, que incluye las condiciones sobre las cuales las FARC se concentrarán en 27 puntos del territorio colombiano, por un período de 6 meses, para la verificación del cese bilateral y definitivo del fuego, su desarme y su transición a movimiento político.

Fin de Cultivos Ilícitos y Narcotráfico. Mediante este acuerdo, las FARC se comprometen a contribuir con la erradicación de los cultivos de hoja de coca de sus zonas de influencia y romper todos los vínculos que tenían con el tráfico de drogas.

El Gobierno, por su parte, se compromete a apoyar económicamente a los campesinos que han vivido de esta economía ilegal mientras hacen su tránsito a cultivos legales.

El quinto punto trata sobre Víctimas, la Reparación y No Repetición. Este acuerdo fue el más difícil de lograr en La Habana, pues implicaba que las FARC aceptaran un mecanismo judicial para pagar por los delitos que cometieron durante la guerra. La base es la justicia transicional, según la cual los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad obtendrán penas alternativas si se comprometen con la verdad, la justicia y la reparación de víctimas.

Por último está Implementación, Verificación y Refrendación de lo acordado, donde se establecen mecanismos para poner en marcha todo lo pactado entre el Gobierno y las FARC, desde la creación de nuevas instituciones hasta la presentación y desarrollo en el Congreso de leyes y reformas constitucionales requeridas para hacer realidad lo pactado. (I)