A menos de un año de que el último pedido de Alberto Fujimori fuera rechazado por el expresidente Ollanta Humala, un nuevo remolino político se levanta en busca de que Pedro Pablo Kuczynski, hoy en el poder, dé paso a algún tipo de beneficio penitenciario que termine por liberar o trasladar a prisión domiciliaria a Fujimori.

La propuesta, esta vez, no se ha levantado desde la bancada de Fuerza Popular, partido capitaneado por Keiko, hija y heredera del apoyo que su padre cosecha aún en varios sectores del país. Carlos Bruce, parlamentario del oficialismo, fue el primero en poner de nuevo el tema en la palestra, al mencionar que, si de él dependiera, Fujimori sería indultado. Las palabras de Bruce no fueron inocentes. En la arena política, cada declaración tiene un objetivo específico. Parece que la intención del congresista pepekausa (como son conocidos los legisladores oficialistas) era reiniciar la discusión alrededor de las opciones que el preso más famoso de Perú tiene para dejar su celda.

Apenas unos días después, Roberto Vieira, un expepekausa ahora declarado independiente, presentó un proyecto de ley en el Congreso con el que busca beneficiar a los reos mayores de 75 años, con enfermedades graves, crónicas o terminales, para que cumplan el resto de su condena en sus hogares. “He pensado en la población de esa edad, pero he pensado también en Alberto Fujimori, quien a sus 80 años no merece morir en la cárcel”, señaló Vieira.

Dos tiros desde la orilla del oficialismo que buscan cambiar la situación carcelaria del exmandatario. Y el eco de esas acciones, como sucede en el país cuando de por medio está el nombre de Alberto Fujimori, ha desatado un debate en el que el Ejecutivo y el Legislativo entran en puja.

Fujimori paga una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, conclusión a la que se llegó luego de analizar su participación en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos episodios en los que fuerzas del Estado asesinaron a hombres, mujeres, estudiantes y niños, como parte de las operaciones encubiertas de exterminio a supuestos miembros de Sendero Luminoso. Pero esa es solo una de las cinco condenas que se resolvieron en su contra: usurpación de funciones (condena de 6 años), falsedad ideológica (condena de 7,5 años), pagos ilegales (condena de 6 años), peculado (condena de 8 años), esta última suspendida por la Corte Suprema. Cualquier debate sobre el  beneficio penitenciario para una persona con ese prontuario sería, por decirlo menos, un tema delicado.

Pedro Pablo Kuczynski no lo tomó así. Desde que las voces sobre el tema volvieron a rodear el Palacio de Gobierno, no ha parado de referirse a ello. Llamó a la calma, luego aceptó revisar con detalle el proyecto de ley, después indicó que es un tema que requiere debate nacional, luego dijo que no ha dicho nada. Todas las declaraciones parecen desnudar a un ejecutivo falto de sorpresa frente al tema, uno de los botines políticos que desde el fujimorismo serviría para, en una labor de toma y daca, garantizar la gobernabilidad, en medio de la serie de casos de corrupción que vinculan al gobierno de Alejandro Toledo, del que PPK fue ministro de Economía, a cambio de la libertad del patriarca.

Pero desde la bancada a la que Keiko Fujimori controla, a través de Twitter, el silencio ha sido parte importante de la respuesta. La otra parte, en cambio, ha estado dominada por la gestión que lleva adelante Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto, hermano de Keiko, y el congresista más votado en la última elección. Él, quien es definido por los politólogos como un “albertista”, salió al frente de este debate para garantizar que, al menos la parte de Fuerza Popular que se inclina por la libertad del ‘Chino’, se vería muy complacida con el gobierno en caso de un indulto.

Una ruptura al interior del fujimorismo que presagia, por un lado, la pugna de poder que desata la posible salida de la cárcel de Fujimori, evidente líder del partido y posible descalificador de las decisiones de Keiko, y por otro, la presencia que Kenji gana en el seno de su grupo político. No son pocas las opiniones que lo ven como un posible candidato de peso para las elecciones de 2021, cita en la que, si la vida es así, se enfrentaría con su hermana.

La ley de indultos en Perú acepta la decisión frente a tres casos: 1) enfermedad terminal, 2) enfermedad no terminal, grave, en etapa avanzada, progresiva, degenerativa, 3) enfermedad mental crónica. Cuando en 2016 se hizo la petición a Humala, se intentó argumentar la ubicación de Alberto Fujimori en las opciones 2 y 3. La respuesta del entonces mandatario fue la negación del indulto por no existir las condiciones necesarias para evaluar así al reo.

Si la opción ahora, como mencionaron Vieira y Bruce, es ir por la vía humanitaria, toparán con un escollo más grande: al estar juzgado y cumpliendo pena por delitos de lesa humanidad, Fujimori no podría ser beneficiario de ningún indulto penitenciario, pues la ley, que obedece a acuerdos internacionales, lo impide. Su abogado César Nakazaki, en un acto de fe ciega, se apuró a declarar que la condena por lesa humanidad que pesa sobre su defendido es solo de carácter político, nada que tenga validez, según él, ante la ley.

En la Constitución nacional, el propio Fujimori, en 1995, emitió una ley que impedía dar libertad por indulto a los juzgados por secuestro. Sin imaginar, claro, que ese sería un agravante para meterlo en la cárcel, años después.  

Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, mencionó que, a pesar de todo el alardeo mediático de este debate, aún no existe una petición formal en su despacho que habla del posible indulto. El proyecto presentado por Vieira todavía no ha sido tratado en el pleno. Lo que sí hay es ese tira y afloja que los fujimoristas trazan alrededor de la especulación con la condición carcelaria de su líder. (I)