La desmovilización y desarme de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)  podrían costar $1.500 millones, pero posiblemente deberán destinarse más recursos si surgen complicaciones en el posconflicto.

Así lo señala un estudio de la Contraloría General de Colombia, que aclara que la inversión no contempla la totalidad de recursos requeridos, porque solo corresponde a los programas que ha incluido la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014.

En el período citado se desmovilizaron e ingresaron a la Ruta de Reintegración 34.281 personas que se beneficiaron de los programas de atención social. La Contraloría estima que la inversión promedio realizada por el Estado para ese proceso de desarme, desmovilización y reintegración fue de 66,7 millones de pesos por persona ($ 27.954) a precios constantes de 2013, es decir $ 958,29 millones.

La Contraloría considera que para el proceso de desmovilización de las FARC probablemente serán destinados mayores recursos por los beneficios adicionales, que podrían incluirse en los acuerdos finales de las negociaciones de paz y por otros aspectos del posconflicto.

Al respecto, el politólogo Armando Soriano señala que “más allá que se mida o se tenga un valor material sobre las desmovilizaciones, por encima de todo esto están las víctimas y su reparación. Como estas 2 situaciones se discuten en la mesa de La Habana, se deberían complementar para así darle una salida definitiva a estos dos temas que se deben resolver para avanzar en el proceso de paz”.

Respecto a la reparación económica a las víctimas en el período citado, la Contraloría pudo evidenciar que los desmovilizados han entregado sus bienes a la Fiscalía y esta a su vez al Fondo de Reparación y su valor resulta menor en comparación al monto de las indemnizaciones giradas.

Sobre este punto, es importante señalar, dice la Contraloría, que una alta proporción del valor de las sentencias de Justicia y Paz, se ha financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los desmovilizados condenados en dichas sentencias.

Con relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, se observa que una alta proporción de los desmovilizados postulados a recibir beneficios han sido excluidos de estos procesos judiciales, debido a que han renunciado o incumplido con los requisitos exigidos, luego de la verificación realizada.

Respecto al proceso de reintegración de las personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley, se observa que la mayoría de quienes ingresaron aún se encuentra en el proceso (85%). Se destaca que el 12% culminó efectivamente las actividades programadas en la Ruta de Reintegración.

De lo anterior se deduce que existe una alta permanencia en el proceso de reintegración y que se requiere un período prolongado de intervención (incluso superior a 8,5 años, correspondiente al período de análisis), advierte el estudio de la Contraloría.

Las prioridades

Con base en la información disponible, se estima que una proporción significativa de los recursos ejecutados por la Agencia Colombiana para la Reintegración se dirigió a los apoyos económicos para las personas vinculadas al proceso.

Por el contrario, otros componentes de atención que también son relevantes en el desarrollo de la Ruta de Reintegración, tales como la formulación e implementación de proyectos productivos y las actividades de reintegración comunitaria y de servicio social en las comunidades receptoras de desmovilizados, registraron una participación baja en los recursos ejecutados por la agencia.

Esto indica que los componentes han tenido una menor prioridad en el proceso de desarme. Durante el período que abarca el estudio de la Contraloría se realizaron dos procesos de desarme y desmovilización.

En primer lugar, se encuentran las desmovilizaciones colectivas producto de la negociación con los grupos de autodefensa (AUC) y en segundo, las desmovilizaciones individuales que corresponden, la mayoría, a miembros de la subversión (FARC y ELN) que ha desertado de sus filas.

Al respecto se encontró que el número de desmovilizados en los 2 tipos es similar. Los primeros se concentran en los años 2006 y 2007, mientras que los segundos se dieron durante el período analizado.

Estos últimos han disminuido continuamente desde 2008, lo cual puede obedecer al menor tamaño en las estructuras de estos grupos armados.

Igualmente, se observó que el costo promedio de atención por cada desmovilizado es mayor en los procesos de desarme y desmovilización individuales, en comparación con los colectivos.