La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en Perú avanza en medio de un tira y afloja de consecuencias impredecibles. Con una mayoría fujimorista dispuesta a controlar al extremo cualquier movimiento del oficialismo, el Congreso se ha convertido en el principal terreno de la disputa política en este país.

A dos meses de posesionado en la Presidencia, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sabe claramente que de la destreza política que tenga su gobierno dependerá el cumplimiento de sus promesas de campaña. Una de ellas, precisamente, ha concentrado la atención de los legisladores en las últimas semanas: el pedido de facultades especiales para gobernar que Kuczynski le hizo al Legislativo, a fin de acelerar decisiones y acciones en varios terrenos sensibles.

Reorganización económica y formalización, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, reorganización de la petrolera estatal, Petro Perú, y la lucha contra la inseguridad, conforman el panorama en que el Ejecutivo intenta incidir de forma directa a través de estos poderes especiales.

La propuesta, presentada al pleno a inicios de este mes, ha sufrido una serie de modificaciones en su camino a la aprobación. El fondo en materias económica y de lucha contra la corrupción ha sido el más objetado por los congresistas.

PPK, quien ha dicho que uno de sus mayores esfuerzos desde la Presidencia será la lucha contra la corrupción, sintió el efecto de ser minoría en el Congreso una vez que la Comisión de Economía, presidida por la fujimorista Cecilia Chacón, denegara las facultades, el pasado 22 de septiembre, argumentando una serie de fallas en el documento emitido desde el Ejecutivo. El punto central de este debate se centró en la propuesta que el Gobierno hizo alrededor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la que el mandatario veía como una puerta para el levantamiento del secreto bancario y de declaraciones fiscales, como una forma de empezar a transparentar los manejos de dinero que se realizan en Perú.

La negativa del fujimorismo a aprobar esta propuesta se sostuvo en una lectura constitucional que apunta a la violación de derechos del ciudadano a partir del levantamiento del secreto bancario. Las críticas a esta acción llovieron desde todos los frentes. El fujimorismo, desde hace algunos años, recluta en sus filas a políticos que enfrentan denuncias por un manejo poco claro de sus economías. Una UIF fortalecida en dirección investigativa, bien podría empezar a buscar en esas cuentas el origen de un dinero del que no se sabe muy bien la procedencia.

A raíz de estas observaciones, el Ejecutivo vio cómo su propuesta original fue modificándose, al menos, en 20 temas medulares.

Tras esos cambios, la Comisión de Constitución del Congreso decidió aprobar la entrega de facultades especiales para gobernar, no por los 120 días que pedía el jefe de Estado, sino por 90. Eliminó cualquier posibilidad de que la UIF pueda investigar el secreto bancario de forma independiente y, además, desactivó la propuesta de acelerar la modernización de la petrolera nacional.

Bajo estas circunstancias, Kuczynski tendrá 90 días para llevar adelante una serie de acciones limitadas por la modificación hecha por los congresistas, a la que, sin duda, deberá sacarle la mayor ventaja posible. Se prevé que una de sus primeras acciones, ya con estas facultades, sea la reducción del 1% del Impuesto General de Ventas (IGV), un paso más en la reactivación económica de este país. (I)