El Congreso de Guatemala tendrá en sus manos la decisión de levantar la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio contra el gobernante por corrupción.

El mandatario es señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig, auspiciada por la ONU) como presunto líder del esquema de corrupción denominado ‘La Línea’ que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). En esta trama también está involucrada la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya es juzgada.

Los fiscales argumentaron el martes que Baldetti era una de las principales beneficiarias de la operación, basándose en unas 88.000 intervenciones telefónicas y documentos que revelan la forma en que se dividía el dinero.

Rafael Rojas, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ y miembro del pleno, afirmó: “Todos los magistrados llegamos al consenso de que, con todas las pruebas que se aportan, se menciona que tienen confabulada una defraudación aduanera. En algunos audios se menciona al presidente, por eso consideramos que era prudente remitirlo al Congreso”.

Con el decreto unánime de la Suprema Corte del martes, ahora el Congreso deberá votar para decidir si retirarle o no la inmunidad a Pérez Molina para que pueda ser juzgado ante los tribunales. Para hacerlo se necesitaría el apoyo de 105 de los 158 diputados del Congreso.

Este es el segundo trámite de antejuicio que acepta la CSJ contra el presidente, el primero fue solicitado por el diputado Amílcar Pop, por el mismo caso, pero con evidencias de medios. El tema fue descartado en el Congreso.

Pérez Molina afirmó el domingo en un mensaje a la nación que encabezará su gobierno hasta concluir su mandato (14 de enero de 2016) y descartó cualquier vinculación con los actos ilícitos en la SAT.

Las denuncias desataron protestas masivas en demanda de la renuncia del gobernante, mientras una decena de altos funcionarios, incluyendo seis ministros, dimitieron de sus cargos en el Gobierno. También se demanda la suspensión de las elecciones generales previstas para el 6 de septiembre. (I)